Quien atiende su llamada cuando la vida de alguien -quizá la suya propia- está en juego trabaja "en precario y de manera eventual desde hace más de una década para una firma privada subcontratada cada dos años" por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES), según denuncia la Confederación General de Trabajadores (CGT). Al tratarse de un servicio esencial, en caso de huelga, los servicios mínimos son prácticamente los mismos que en un día corriente, recuerdan desde el sindicato. Por eso, los gestores telefónicos de emergencias sanitarias se encuentran desde el pasado viernes en asamblea permanente o encierro, una protesta reivindicativa sin consecuencias para el usuario de un servicio vital en el que son el primer eslabón de la cadena de supervivencia, aseguran desde la CGT. Piden integrarse laboralmente y de pleno derecho en la empresa pública, que se les reconozca penosidad y peligrosidad a las categorías de médico, enfermero y técnico de emergencias y el "cese de los abusos empresariales".

Además, los responsables de poner en marcha la UVI móvil que a lo peor necesita llevan años reclamando un vigilante de seguridad en el Centro provincial de recepción de llamadas del Clínico de Puerto Real. Trabajan muy cerca del módulo penitenciario del hospital. Más de una vez se ha fugado de allí algún preso. "Siempre nos lo han denegado, pero nada más arrancar la asamblea permanente el pasado viernes, apareció el sábado uno contratado por la dirección del centro", relata Clara Montero, trabajadora del 061 y delegada sindical de CGT.

En el contexto de esta protesta que afecta a casi 40 trabajadores en la provincia Clara Montero terminó el sábado agredida por un vigilante de seguridad, según el parte médico de lesiones al que ha tenido acceso este periódico. "Un trabajador y compañero de la sección sindical intentó acceder al centro para relevarme, pero el vigilante se lo impidió. Pude verlo forcejeando con él a través del circuito cerrado de televisión. Bajé a mediar en el conflicto y me agarró y zarandeó, después de haberlo hecho con él y de increpar a una empleada de la limpieza. Tuvimos que llamar a la Policía", relató. Resultado: cervicalgia, un collarín durante 24 horas y una denuncia por agresión, y malos tratos.

CGT pretende que sea el hospital el que eleve la denuncia a la Fiscalía, adelantó Luis Gallardo, secretario de acción sindical en Andalucía.