"Ha sido muy desagradable". Fue de las pocas cosas que quiso recordar ayer, en una conversación breve con este periódico, Juan Bouza, acerca de su detención del martes. Su nombre había aparecido ya en un par de ocasiones en informes judiciales o policiales relacionados con alguna investigación relativa a los cursos de formación. Su cargo, durante ocho años (2004-2012) delegado de Empleo en Cádiz, le hizo estar al frente de muchos conflictos, pero también de salir airoso de alguno de los más sonados. Por eso, en Cádiz, la frase de "no me lo puedo creer" fue habitual los tres últimos días cuando se preguntaba por el protagonista de esta historia.

Ayer Bouza dejó claro en todo momento que tenía orden de su abogada de no hablar con la prensa, de no decir absolutamente nada. Hay que recordar, en este punto, que fue detenido en el marco de la operación Barrado, ordenada por la juez Alaya, a primera hora de la mañana del pasado martes. Tanto él como el resto de exdelegados o altos cargos de la Junta que también fueron detenidos ese mismo día ya han quedado en libertad con cargos, después de que la juez les haya imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones. Consideró la juez que la Junta de Andalucía habría creado "una red de clientelismo político" a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de esta operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta.

Por eso, y dejando claro que en ningún momento se trataba de hablar de 'su' caso (especialmente cuando Juan Bouza ejerció su derecho a no declarar ante la juez Alaya), sí era tal vez el momento de responder a todos esos gaditanos que durante estos días dijeron en algún momento esa frase: "No me lo puedo creer".

Lo primero que dijo Juan Bouza fue, tal vez visto desde fuera, una obviedad. "Ha sido muy desagradable". Pero no tan obvio si se atiende a sus explicaciones. Desde su punto de vista, en su detención sobraba la forma en la que se produjo, a las siete y media de la mañana, en plena calle antes de ir a coger el autobús que le llevaba hasta su puesto de trabajo en el Museo de las Cortes de Cádiz, en la calle Santa Inés, donde trabaja como funcionario municipal.

Era la primera vez que pisaba un juzgado y un calabozo. En todas las investigaciones que lleva desde hace años la juez Alaya, Juan Bouza jamás había sido antes llamado a declarar ni como imputado, ni, como se dice ahora, investigado, y ni siquiera como testigo.

El caso es que Bouza aludía a algo más simple, al 'no hacía falta', en referencia a la puesta en escena de las detenciones. Que si le hubieran citado reglamentariamente, él habría acudido al sitio y lugar indicados sin problemas. También agradeció el trato "exquisito" que le dispensaron los agentes de la Guardia Civil que lo custodiaron durante 36 horas.

Lejos de eso, el que fuera artífice de las negociaciones laborales con los extrabajadores de Delphi o los de Visteon, ese 'defensor' de lo laboral pasó 36 horas en los calabozos, primero de Cádiz y después de Sevilla. Le quitaron hasta las gafas, además de cordones y cinturón, como marca el código carcelario antisuicidios.

Incluso, tuvo oportunidad de saber que compartía espacio, aunque en un calabozo diferente, con otro de los detenidos, con el que fuera delegado de Educación en Cádiz, Manuel Brenes. Después de toda la noche, por la mañana fue conducido hasta Sevilla, de nuevo hasta los calabozos y de allí al Juzgado. Hoy asegura que está tranquilo y arropado por su familia y sus amigos.

A última hora de la tarde de ayer, Juan Bouza tuvo oportunidad de agradecer en Facebook tantas muestras de apoyo: "Gracias a todos. Me siento abrumado de verdad. Sois todos parte de lo mejor de mi vida".