El anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 22 de marzo ha provocado algo que ya se presagiaba: la prórroga del convenio suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa Pascual S.A, propietaria y gestora de seis hospitales que operan en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga.

El 15 de marzo vencía el convenio, pero un escrito remitido a Pascual por la propia Junta propone que el acuerdo se prolongue hasta el 15 de octubre, es decir, siete meses más.

La prórroga ampliaría las condiciones pactadas o impuestas por la Junta hace ahora un año, a principios de marzo de 2014, que ya supusieron en su momento una reducción del 5% de la cuantía económica que contempla el contrato.

El acuerdo firmado el 25 de marzo de 2014 autorizaba el expediente de gasto relativo a la modificación y prórroga del contrato administrativo de gestión de servicio público, mediante concierto, "para la prestación de asistencia sanitaria especializada a los usuarios del sistema sanitario público en los hospitales" de José Manuel Pascual, entre los que se encuentra, por ejemplo, la clínica San Rafael de Cádiz.

El importe de ese convenio firmado hace un año fue de 313.661.351,05 euros. En ese documento suscrito entre la Consejería de Salud y la empresa José Manuel Pascual y Pascual S.A. tenía inicialmente un plazo de ejecución de once meses y medio, desde el 1 de abril de 2014 hasta el 15 de marzo de 2015.

Pero en aquel entonces nadie pudo suponer que esa era la fecha que elegiría Susana Díaz para ubicar las elecciones autonómicas.

Sobre el motivo de la prórroga ninguna de las dos partes ofrece aún una versión oficial, si bien es cierto que el "vacío" institucional que rodea una campaña electoral. Por otra parte, cualquier firma o conflicto entre las partes podría verse como de "electoralista".

De esta manera, en teoría, la pelota está ahora sobre el tejado del empresario gaditano, que tendrá que decidir ahora si acepta esta prórroga o si le planta cara a la Junta. Cierto es que las negociaciones ya están abiertas desde hace días y que en las últimas negociaciones, la Junta ya demostró que cree tener armas suficientes para imponer de manera "unilateral y por el interés público" una prórroga en el caso de que el SAS no llegara a un acuerdo con el empresario gaditano.

En la exposición del acuerdo firmado el 18 de marzo de 2014 también dejó claro que, teniendo en cuenta que el importe total del gasto que implica la modificación y prórroga del concierto es igual o superior a 12 millones de euros, "se hace necesaria la autorización del Consejo de Gobierno". De esta manera, el envío del escrito por parte de la Junta no tiene oficialidad ninguna aún porque antes tendría que contar con la autorización del Consejo de Ministros y con la posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), extremo que aún no ha tenido lugar.

Así las cosas, la propuesta de prórroga es ahora mismo del todo informal, de manera que sigue en pie el 15 de marzo como fecha del final de convenio que regula la relación actual entre Pascual y la Junta.