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Provincia de Cádiz

José Luis Núñez (PP) declarará de nuevo en el caso de los contratos a familiares de ediles

  • El juez cita al alcalde de Arcos y a dos concejales de Aipro, que gobierna en coalición con el PP

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos ha citado nuevamente a declarar como imputados por un caso de supuesto enchufismo en el Ayuntamiento al alcalde de esa localidad, José Luis Núñez (PP), y a los ediles de Alternativa Independiente Progresista (Aipro) Manuel Erdozain y Petra Macías.

Según una providencia del Juzgado emitida el pasado 23 de enero, mañana también está prevista la declaración de un testigo.

El Juzgado admitió a trámite el pasado diciembre una querella contra el alcalde y otros ocho concejales de PP y Aipro (partidos que gobiernan en coalición en la localidad arcense) por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de 25 familiares y personas afines en el Consistorio.

La providencia judicial detalla que el alcalde y el edil de Urbanismo, Manuel Erdozain, han sido citados a petición propia a fin de consultar la documentación oportuna.

No obstante, "en la medida que ya se les tomó declaración como imputados, si se van a acoger al derecho a no declarar en esta segunda ocasión, bastará con que lo anticipen por escrito sin necesidad de asistir" y en tal caso será suspendida la citación al resultar "innecesaria". Asimismo, añade que, "como todo imputado, podrán prestar declaración cuando así lo interesen y a iniciativa propia".

En cuanto a Macías, edil responsable de la Delegación de Jédula, detalla que no compareció el pasado 23 de enero, cuando estaba citada junto a otros cinco imputados. Por ello, la autoridad judicial advierte de que, "en caso de una nueva incomparecencia, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención".

La querella fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014 y ratificada en diciembre por el Juzgado. Se dirige contra el alcalde de Arcos; contra el senador del PP y edil de Infraestructuras, Obras y Servicios, Sebastián Ruiz; contra el edil de Urbanismo, Manuel Erdozain (Aipro); contra el de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP);contra la de Asuntos Sociales, Juana María Morales (PP); contra el de Turismo, Manuel Romero (Aipro); contra el de Cultura, Domingo Jesús González (PP); contra el de Medio Ambiente, Francisco Muñoz (Aipro), y contra Petra Macías (Aipro), responsable de la Delegación de Jédula.

Sostiene la querella que esas personas habrían venido ordenando, "a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como con miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011".

Añade la querella que el concierto de los contratos de trabajo (aporta una relación) fue realizado "con olvido del procedimiento legalmente establecido y omitiendo el procedimiento de selección" a través de convocatoria pública, y "sin la previa fiscalización del Servicio de Intervención para constatar que la Administración poseía crédito suficiente para contratar".

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