Los miles de españoles que a diario cruzan la frontera para trabajar en las empresas de Gibraltar, cuentan desde ahora con una nueva traba ya que una decisión del Gobierno gibraltareño obliga a las empresas radicadas en el suelo del Peñón a exigir el certificado de penales a todos ellos. Además, ha fijado un plazo que concluye al mismo tiempo que las vacaciones navideñas para poder hacerlo efectivo, so pena de perder su puesto de trabajo. Se trata de una medida que en España está prohibida ya que contraviene la Ley de protección de datos y supone una intromisión en el derecho a la intimidad.

Este periódico ha podido conocer que el Gobierno de Gibraltar que preside Fabian Picardo ha extendido esa obligación a todas las empresas desde el pasado martes y a partir de ese momento se exige que ese certificado de penales se incluya en el curriculum que deben presentar todos los trabajadores que están empleados por empresas gibraltareñas.

Este periódico ha tenido acceso al caso de una señora que se incorporaba ayer a trabajar en el servicio de limpieza del hospital de San Bernabé y que se encuentra pendiente de poder entregar el certificado de antecedentes penales para que su incorporación se haga efectiva.

Además, la medida se extiende incluso a aquellos que ya tienen un contrato en vigor, que cuentan con el mismo plazo, hasta finales de las vacaciones, para aportarlos. Varios de ellos temen que ello suponga el final de sus contratos actuales, especialmente aquellos que cuentan con antecedentes más o menos graves. Asimismo están aquellos casos que se enfrentan al proceso de cancelación que se puede hacer después de dos años de que acabe la pena ya que de lo contrario se les cumpliría el plazo antes de poder entregarlo.

Los trabajadores lo pueden conseguir directamente en el Ministerio de Justicia en Málaga (lo tienen en el mismo día) o a través del registro civil del Juzgado en la Línea, que supone un periodo de espera de cinco o seis días y un coste aproximado de seis euros.

En España, sólo los trabajos relacionados con el Estado (los funcionarios) pueden tener como requisito no tener antecedentes penales para poder trabajar. Para el resto, la Ley de Protección de datos impide que este sea un requisito exigible ya que se considera una intromisión en la intimidad de las personas y las empresas no pueden incluirlo entre los mismos.