La juez Mercedes Alaya que investiga el pago de comisiones ilegales por la construcción y gestión del complejo polideportivo El Calvario, en Algeciras, por parte de la empresa Fitonovo, hizo público un nuevo auto en el que impone una fianza civil de 1.117.440 euros a quien en el momento de la adjudicación era delegado de Contratación y Urbanismo en el Ayuntamiento de Algeciras y posteriormente alcalde, Diego Sánchez Rull (PSOE), mientras que deja sin efecto las que solicitaba el ministerio fiscal para dos de los tres técnicos municipales que aún permanecen como imputados: José Álvarez Ruiz, director técnico de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras; José Guillermo Alberola Visedo, arquitecto municipal; y Javier Malla, coordinador del Patronato Municipal de Deportes, cuyos abogados solicitarán en breve el sobreseimiento del caso.

El auto. al que ha tenido acceso este periódico, tiene fecha de 28 de noviembre y se produce después de la declaración ante la juez de los imputados, aunque Diego Sánchez Rull fue el único que se acogió a su derecho a no hacerlo y pidió acudir voluntariamente una vez se levantara el secreto del sumario, cosa que se produjo en la misma fecha del auto.

En el conocido ayer, la juez Mercedes Alaya centra en el exalcalde algecireño el papel principal de la trama del cobro de mordidas. Así cita textualmente que el que fuera director de la Mesa de contratación y delegado de Urbanismo "tuvo una participación activa en los delitos de cohecho, por lo que partiendo de la cantidad de 279.360 euros entregada por Fitonovo para lograr la adjudicación del contrato referente al polideportivo El Calvario, procede en previsión de la multa que le pudiera ser impuesta, el triple de la dádiva y un tercio en concepto de fianza para asegurar las responsabilidades civiles que de la presente pudieran derivarse", lo que resulta esa cantidad de 1.117.440 euros, notablemente superior a los 900.000 euros que solicitaba el fiscal.

Sobre los tres funcionarios públicos del consistorio algecireño, la juez destaca que "su intervención en la mesa de contratación se limitó a valorar los criterios que fueran objeto de sus respectivos informes, por elemental criterio de prudencia a la hora de fijar las responsabilidades pecuniarias, no existiendo la misma certeza de su participación en la valoración de los criterios que fueron expuestos en sus respectivas imputaciones, ni en la reclamación de la dádiva a Fitonovo, no procede fijar para estos imputados fianza alguna como técnicos intervinientes".

Estas decisiones de la magistrada sitúan en una posición más que delicada al exalcalde que dimitió de todos sus cargos el pasado 22 de noviembre, ya que le señalan como el destinatario del pago de las comisiones "al partido del gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, en aquel momento el PSOE, o al alcalde Tomás Herrera Hormigo o al delegado de Contratación y Urbanismo y posteriormente alcalde, Diego Sánchez Rull", pagos de mordidas realizadas según la juez por los directivos de Fitonovo José Antonio González Baro y el empleado y gerente de dicha empresa, Pablo Pérez Benedicto, que participó junto a Sánchez Rull en la colocación de la primera piedra que daba inicio a las obras del complejo deportivo investigado, el 23 de marzo de 2011 en Algeciras. La magistrada vuelve a insistir en el auto conocido ayer que "en este pago, tendría este inculpado Sánchez Rull una decisiva participación".

La juez determinará "el plazo para la prestación de la fianza señalada, ordenándose el embargo de bienes (previa relación de bienes efectuada por el inculpado quien será requerido al propio tiempo) para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere".