El PSOE y el PP porfiaron ayer por ver cuál de los dos partidos es el mejor altavoz con que cuenta la provincia de Cádiz en el Parlamento de Andalucía. Y la pugna contó con dos colectivos sociales como testigos interesados de esta pugna que siguieron el pleno in situ en la Cámara autonómica. Así, los socialistas usaron las reivindicaciones de los emigrantes retornados como arma arrojadiza contra el Gobierno central, y los populares hicieron suyas las reclamaciones de los vecinos de la zona rural de Jerez para poner la cara colorada al Gobierno andaluz. Y ambos colectivos sociales salieron del pleno con las ideas claras: el Ejecutivo que preside Susana Díaz apoya las reivindicaciones de los primeros y da la espalda a los segundos.

Así, por un lado, el Parlamento andaluz volvió a respaldar ayer, con los votos favorables de PSOE e IU y el rechazo del PP, los argumentos del colectivo de emigrantes retornados que, según los socialistas, "llevan un año siendo tratados por el Ministerio de Hacienda como defraudadores fiscales, sufriendo sanciones, recargos e intereses de demora simplemente por no declarar las pensiones que cobraban en el extranjero".

En el pleno de ayer, y gracias a una proposición no de ley defendida por Francisco Menacho, parlamentario del PSOE por Cádiz, la Cámara andaluza se posicionó a favor de que el Gobierno central facilite la regulación fiscal de este colectivo. Aunque en la reforma tributaria el Ejecutivo de Rajoy ha incluido la posibilidad de regularizar las pensiones no declaradas de emigrantes retornados en el plazo de seis meses que empezaría a contar a partir del próximo 1 de enero, los socialistas y los propios afectados consideran que esta medida llega "tarde y mal". Por ello, le piden al Gobierno una serie de medidas para que sean resarcidos del daño ocasionado. Entre esas medidas se incluiría facilidades para regular las pensiones de 2013 sin carácter retroactivo y, también, que la Agencia Tributaria devuelva de oficio lo cobrado en concepto de sanciones, recargos e intereses de demora.

En el debate, Francisco Menacho pidió al PP "mayor sensibilidad hacia los más de 180.000 andaluces que con mucho sufrimiento tuvieron que emigrar para buscarse el sustento y traían divisas al país y que, a día de hoy, con la crisis encima, siguen siendo con sus pensiones la principal fuente de ingresos del 20% de los hogares". El parlamentario del PSOE fue muy crítico con el "afán recaudatorio" del Gobierno central "que mete la mano en el bolsillo de los que menos tienen para obtener 20 millones de euros".

Por su parte, el PP usó la misma estrategia que el PSOE pero con una temática diferente: la regularización de viviendas en el Jerez rural. Con casi un centenar de vecinos entre el público -con ellos estaba la alcaldesa, María José García-Pelayo, y otros concejales de Jerez- el parlamentario del PP por Cádiz Antonio Sanz defendió una proposición no de ley tendente a que la Junta desafectara las vías pecuarias de la zona rural de Jerez, o al menos que reconociera la huella pecuaria, para poder así regularizar un número de viviendas en las que habitan unas 30.000 personas.

Sanz, que sólo logró el apoyo del PP pero no el de PSOE e IU, acusó a los dos partidos que gobiernan en Andalucía de "insultar injustamente a los vecinos de estas barriadas rurales" y de negarles "un derecho histórico que tienen, como es la regularización de sus viviendas". También dijo que la iniciativa que defendía su partido "era compatible con el medio ambiente y suponía un coste cero para la Junta".

Curiosamente al acabar el pleno los representantes del colectivo de emigrantes retornados se fotografiaban en el Parlamento andaluz con cargos del PSOE -entre ellos el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios- mientras que fuera de la Cámara los vecinos del Jerez rural analizaban el debate con los cargos del PP.