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Provincia de Cádiz

El último ex alcalde socialista de Algeciras dimite como edil y diputado

  • Diego Sánchez Rull abandona la política después de ser imputado por la juez Alaya en la operación Enredadera Se investiga el pago de una comisión de 284.000 euros de Fitonovo

La trama política en el supuesto pago de comisiones ilegales por parte de la empresa Fitonovo en la construcción en Algeciras del complejo deportivo Body Factory, que investiga la juez Mercedes Alaya, se cobró ayer su primera víctima política en la persona de Diego Sánchez Rull, quien fuera alcalde de Algeciras por el PSOE entre 2010 y 2011. Sánchez Rull, que ha sido imputado en el caso junto a su predecesor en la Alcaldía, el también socialista Tomás Herrera, anunciaba ayer su dimisión como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento algecireño, pero también como concejal y como diputado provincial. Además, anticipó su intención de pedir su suspensión cautelar como militante, lo que también supondrá su marcha como miembro de las ejecutivas local y provincial del PSOE.

En apenas veinte minutos, y sin nadie de la ejecutiva local acompañándole, el hasta ayer portavoz presentó su dimisión y anunció que mañana hará entrega efectiva de su acta de concejal en el Consistorio por su imputación en la operación Enredadera que investiga el pago de comisiones ilegales por parte de la empresa Fitonovo en la construcción del complejo deportivo Body Factory que fuentes judiciales señalaron en 284.000 euros. Estos dos ex alcaldes se suman a los imputados por esta operación, que es una sucesión de la Madeja.

El imputado por la juez Alaya adujo motivaciones personales, el "sufrimiento de su familia" y sobre todo el deseo "de demostrar mi inocencia sin perjudicar al partido, más aún siendo uno de los firmantes del código ético del mismo"; la situación de "precampaña electoral en la que nos encontramos" también ha pesado en una dimisión que en las últimas horas se daba por hecha. Rull quiso dejar claro también que toma esa decisión "sin presiones de nadie y después de meditarla mucho. La he comunicado a la dirección local y provincial, así como al alcalde de la ciudad y lo haré al presidente de la Diputación de Cádiz".

Las investigaciones judiciales datan del pasado mes de abril, cuando el administrador de Fitonovo, José Antonio González Baró, hijo del dueño de la empresa, confesó ante la juez Alaya el pago de numerosas mordidas en varios ayuntamientos, entre ellos en Algeciras por la construcción del centro Body Factory. Desde entonces, la magistrada quiere determinar a quién fueron a parar esos pagos que en un principio ascendían a 200.000 euros. Según fuentes judiciales, al parecer posteriores declaraciones de este empresario llevaron a la imputación de los dos exalcaldes de Algeciras, que no fueron detenidos cuando se desató la Operación Enredadera a comienzos de la pasada semana.

Sánchez Rull recordó que fue "llamado por la Guardia Civil (por la Unidad Central Operativa) la semana pasada para comparecer como imputado por la adjudicación del polideportivo de El Calvario. Pedí entonces comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la juez Alaya y lo hice el miércoles por la tarde para conocer los cargos que había contra mi persona. Me dijeron que no podían comunicarme los cargos que se me imputan porque estaba decretado el secreto del sumario; me acogí a mi derecho constitucional a no declarar y pedí comparecer voluntariamente cuando se levantara el mismo".

Según le comunicó la Guardia Civil, donde también se negó a declarar por no poder comunicarle los cargos, están investigando si se "tergiversaron los resultados de los informes que se presentaron ante la mesa de contratación" que él mismo presidía y que se reunió el 26 de mayo de 2010 donde se decidió que la propuesta de Body Factory era la más beneficiosa, algo que se ratificó en un pleno celebrado el 14 de junio de ese año con los votos favorables del PSOE e IU y la abstención del PP. Lo que estaría investigando la juez es quién modificó esos informes para decantarlos en favor de la empresa Body Factory en un proyecto en el que Fitonovo figuraba como empresa constructora. Es en ese punto donde se encuadran las manifestaciones de José Antonio González Baró, administrador de Fitonovo, al asegurar que se habían pagado mordidas a cargos en el Ayuntamiento para dirigir esa adjudicación.

Así, el hasta ayer portavoz socialista en el Ayuntamiento algecireño comenzó con la exposición de lo que han sido los días más difíciles de una carrera política que parece haber tocado a su fin a pesar de que dejó abierta la puerta a una vuelta más que incierta. Concejal desde 2003, sustituyó al también socialista Tomás Herrera (imputado también por la juez Alaya en la operación Enredadera y que también compareció ante la misma esta semana) en el año 2010 y permaneció en el cargo hasta las pasadas elecciones municipales.

La declaración tomada a dos funcionarios municipales de Algeciras (queda un tercero, Javier Malla Calvente, coordinador de los Servicios del Patronato Municipal de Deportes, que lo hará el lunes) buscaba desentrañar el destino de 284.000 euros pagados presuntamente por la constructora Fitonovo por hacerse con la adjudicación del complejo deportivo Body Factory y los aparcamientos anexos en la zona de El Calvario. Rull se mostró convencido de poder "defender mi inocencia" y quiso poner la mano en el fuego por los técnicos "que hicieron unos informes asépticos en aquella mesa de contratación".

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