La trama política en el supuesto pago de comisiones ilegales por parte de la empresa Fitonovo en la construcción del complejo deportivo Body Factory que investiga la juez Mercedes Alaya, tiene marcados ya sus dos principales objetivos en los dos últimos alcaldes socialistas de Algeciras. Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull han declarado ante la magistrada sevillana en calidad de imputados, después de hacerlo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes les tomaron declaración en primer lugar.

Estas imputaciones pueden tener consecuencias en el partido en Algeciras ya que, según ha podido conocer este periódico de fuentes del propio PSOE, se espera que Diego Sánchez Rull presente su dimisión de la portavocía del grupo en el Consistorio algecireño en la misma mañana de hoy. A lo que habrá que esperar es a si dicha dimisión afecta también a su acta de concejal, aspecto este último que fuentes del partido calificaron ayer como "un asunto estrictamente personal". En el caso de que dimitiera como concejal, automáticamente dejaría de ser también diputado provincial por el PSOE.

La decisión de Sánchez Rull llega después de que el pasado jueves negara cualquier tipo de relación con la empresa Fitonovo y tras la publicación en EuropaSur de su imagen en la colocación de la primera piedra de las obras del centro deportivo acompañado del gerente de dicha sociedad, Pablo Pérez, y después de agradecerle textualmente su contribución a una de los proyectos estrella de la pasada legislatura.

Las investigaciones judiciales datan del pasado mes de abril, cuando el administrador de Fitonovo, José Antonio González Baró, hijo del dueño de la empresa, confesó ante la juez Alaya el pago de numerosas mordidas en varios ayuntamientos, entre ellos en Algeciras por la construcción del centro Body Factory. Desde entonces, la magistrada quiere determinar a quién fueron a parar esos pagos que en un principio ascendían a 200.000 euros. Según fuentes judiciales, al parecer posteriores declaraciones de este empresario llevaron a la imputación de los dos últimos exalcaldes de Algeciras, que no fueron detenidos cuando se desató la Operación Enredadera a comienzos de la pasada semana.

Las mismas fuentes aseguran que ambos prestarán nuevas declaraciones ante la magistrada a lo largo de los próximos días, aunque habrá que esperar a que se levante el secreto del sumario que actualmente pesa sobre el caso para que se conozcan los delitos por los que se mantienen imputados.

Sánchez Rull sustituyó en la Alcaldía de Algeciras al también socialista Tomás Herrera (alcalde desde 2005), también imputado por la juez Alaya, en el año 2010.

La declaración tomada a tres funcionarios municipales de Algeciras (dos de ellos ya han comparecido y el tercero, Javier Malla Calvente, coordinador de los Servicios del Patronato Municipal de Deportes, lo hará el lunes) buscaba desentrañar el destino de 284.000 euros pagados presuntamente por la constructora Fitonovo por hacerse con la adjudicación del complejo deportivo Body Factory y los aparcamientos anexos en la zona de El Calvario.

Las preguntas realizadas por la magistrada a los funcionarios, en interrogatorios calificados por fuentes cercanas a los mismos como "duros", iban en el sentido de determinar las supuestas "presiones políticas" a la hora de redactar sus informes técnicos que se presentaron en la Mesa de Contratación, presidida por Sánchez Rull, en el momento de decidir la empresa que se haría con la adjudicación.

Las mismas fuentes confirmaron que, al menos en los dos funcionarios que ya han prestado declaración en sede judicial, el ingeniero José Álvarez Ruiz y el arquitecto municipal José Alberola Visiedo, se ratificaron en sede judicial en que todos los informes que ellos redactaron y firmaron se hicieron bajo aspectos exclusivamente técnicos.