Las 20 familias que viven de okupas desde julio en un edificio de la plaza Luis Jaramillo Barrios de Sanlúcar recibieron ayer por la mañana la visita de una comisión judicial con una diligencia de lanzamiento notificándoles que tienen diez días para alegar "lo que a su derecho convenga" a fin de evitar ser desalojadas.

Los afectados hicieron pública esta visita en cuestión de minutos y pronto recibieron el respaldo de militantes del SAT, IU y Podemos. El abogado de dicho sindicato en la ciudad, Hugo Gómez, que restó validez al requerimiento por ser de "carácter colectivo" y anunció la adopción de acciones legales en el plazo indicado, tachó lo ocurrido de "atropello al derecho a una vivienda digna de ciudadanos de Sanlúcar, la mayoría gente joven con hijos y sin hogar". Las 20 familias suman 36 niños -uno de los cuales nació ayer mismo- y hay, además, cinco embarazadas.

Estos okupas, que forman parte de la plataforma local Corralas de la Dignidad, reclamaron al Ayuntamiento una "solución política" para esta problemática. El alcalde, Víctor Mora, se reunió con ellos horas después para informarles de la necesidad de desalojar el edificio porque se trata del inmueble con 20 viviendas ofrecidas por una entidad bancaria a la Junta y al Consistorio sanluqueño en julio pasado para ponerlo a disposición de familias sin recursos a cambio de un alquiler social tras la correspondiente valoración municipal.

Estas explicaciones no convencieron a los okupas, que aprovecharon la celebración de una reunión ordinaria del Pleno municipal por la tarde para reiterar su demanda de soluciones al Consistorio. De hecho, las corralas ya habían solicitado previamente intervenir ante la Corporación como vienen haciendo cada mes.

Según los últimos datos de esta plataforma, en Sanlúcar hay actualmente alrededor de 150 familias repartidas en más de una decena de corralas.