El sector público de los servicios sociales no vive sus mejores momentos, si es que alguna época fue netamente idílica para esta parcela del Bienestar. La falta de presupuestos serios, la tenue creencia de las administraciones y el ascendente reclamo de estas prestaciones son algunos de los factores que socavan el agujero actual que padecen los servicios sociales. Los últimos presupuestos del Estado no han ayudado precisamente a paliar esa sensación que soportan tanto profesionales como usuarios. El Presupuesto General del Estado aumentó de manera testimonial, un 0,05%, la partida para mantener el funcionamiento. De esta manera, se pasó de 1.809 millones de euros en 2014 a 1.943 millones en 2015. Casi el 70% de este dinero irá a parar a la Ley de Dependencia, el sobrante se destina para cubrir el resto de las prestaciones. El sector coincide en resaltar la importancia de autonomías y municipios en la gestión del servicio social público, uno de los grandes desconocidos del Bienestar. Desde que empezó la crisis, y debido a ciertos problemas financieros, los gobiernos locales están reduciendo vertiginosamente su apuesta por mantener una red óptima para atender los derechos sociales. Una situación que se ha venido comprobando en la provincia de Cádiz desde el inicio de la crisis. El hachazo ha sido notorio en los planes concertados, donde los trabajadores sociales han identificado una de las lacras de las circunstancias actuales. Dichos proyectos se hacen en conjunto entre las administraciones que transfieren el dinero, normalmente estatal, autonómica y local, y en coalición con entidades privadas.

Por ejemplo, para Cádiz capital, según datos de la Junta, se destinó para los Servicios Sociales 1.341.579 en 2012 y 747.546 euros en 2014, en total 594.033 euros menos entre todas las administraciones. Lo mismo ocurrió en la Diputación provincial que dejó de percibir dinero para atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes, pasando de 1.808.932 euros a 956.885 euros en los últimos dos años, unos 852.047 euros menos. En resumen, esta situación ha creado una espiral en la que ninguna de las administraciones termina de hacerse cargo de las responsabilidades por la continua merma que sufren estos servicios sociales, que en un panorama de creciente desigualdad son cada vez más requeridos.

La presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, Pilar Tubío, que cuenta en la actualidad con casi 900 colegiados en la provincia, clamó por las deficiencias que se están acentuando en los últimos tres años. "El sistema de servicios sociales corre el peligro de que se elimine, que desaparezca con los recortes. Luego la reconstrucción del sistema nos podría llevar otros 25 años", dijo Tubío en alusión a la longevidad del sector. "Es un sistema más nuevo, todavía los cimientos no estaban sólidos cuando estalló la crisis. Entonces los recortes pueden ser el doble de peligrosos que en otros ámbitos", aseguró haciendo referencia a la Sanidad y Educación. Asimismo, el añadido de la crispación ciudadana para presionar a los dirigentes reconoce que es más fuerte para estos sectores que para los servicios sociales.

En la misma línea, manifestó la profesora de la Universidad de Cádiz, Marina de Troya, su descontento con lo que se está haciendo desde las altas esferas para equiparar la balanza entre recursos y demanda. "Ha habido un montón de millones de euros que han servido para saldar la deuda que tenían los servicios sociales con la Seguridad Social y se ha vendido como incremento", sentenció. "También se ha producido una bajada, en general, en el plan concertado y en todo por supuesto. Aunque ha habido poca apuesta de este Gobierno y de todos en general", enfatizó la docente especializada en trabajo social.

Por ende, ella misma señaló una falta de regulación legislativa que potencian ciertas carencias del sector. " Los servicios sociales son un sistema que no se termina de creer nadie, es un sistema que no termina de crecer, no tiene una ley general sino que es una competencia trasladada a las comunidades autónomas y después hay ausencia de ley general que favorece realmente la desigualdad entre todas las regiones", consideró. Además, argumentó que la configuración de la financiación local no se ha protegido nunca de tal manera que se asegure el buen funcionamiento de las prestaciones ofrecidas. "No se puede condenar a los municipios, que son los peores financiados. Nunca se arregló la financiación local", reflexionó la docente que apunta a que la reforma de las administraciones locales y la transferencia de todos los servicios sociales municipales a los gobiernos regionales perjudicará más al futuro de la universalidad del derecho social. La presidenta del Colegio de Trabajo Social fue más allá al entender que "si vamos uniendo que por un lado los presupuestos estatales van decreciendo, la población aumenta, la ley de racionalización de administraciones locales busca darle competencias a las autonomía, nos tememos que se quiera eliminar el sistema".

Tanto para una como para otra, la calidad democrática de un país se mide según cómo se garanticen los accesos a las prestaciones para todo ciudadano. En un contexto donde los presupuestos descienden o se congelan, y la demanda se incrementa un 74%, según el Consejo General del Trabajo Social, la sociedad no termina de ser consciente de la necesidad de tener un buen sistema a punto emulando al existente en los países nórdicos. "De alguna manera parece que no vamos a necesitar todos por igual los servicios sociales. Sin embargo, ahora nos vamos dando cuenta de que un país que no tiene un sistema público de servicios sociales no es un país avanzado", aseveró Pilar Tubío.

La diferencia en la entrega de dinero al sistema público de servicios sociales y a las ONG crea otro de los motivos de disconformidad entre los profesionales. "Las ONG siempre han sido importantes, si no llega a ser por la apuesta por estas no estaríamos preparados como sistema para atender tanta demanda. Son importantes pero el Estado nunca puede perder la responsabilidad que tiene como Estado. La responsabilidad implica creer en el sistema público de servicios sociales", expuso Tubío. Por su parte, Marina de Troya consideró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger" y que actualmente el organismo estatal no cumple esa función. "Las ONG cumplen un papel importante en nuestro país de hace mucho pero tiene que ser complementario a la responsabilidad pública del Estado. No puedes estar dotando a las ONG, que tienen buenas finalidades sí, con un presupuesto tremendo a las organizaciones descuidando tu propia responsabilidad pública sin dotar a los servicios sociales", entiende Marina de Troya. Esta última también hizo referencia al poco reconocimiento de los trabajadores sociales en la Sanidad. "El sistema está preparado para curar no para cuidar", advierte.

En cuanto al desglose presupuestario, dentro de todo lo que se destina a lo social, se percibe un desfase entre lo mucho, dentro de lo poco, que se remite para dependencia y el resto de prestaciones. "Cuando se financia dependencia parece que se olvida que hay otra gran parte del sistema que se atiende con unas partidas de risa para todo lo que atienden"

El futuro de la universalidad de los derechos sociales dependerá, por tanto, de la creencia de las autoridades en mantener y mejorar una red pública de servicios sociales. Por el momento, sigue el compás de espera.