El Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz ha fijado para el 24 de febrero del próximo año el juicio a una supuesta trama de facturas falsas que según la Abogacía General del Estado operó en la comarca de La Janda y defraudó al erario público más de 2,7 millones de euros entre los años 2000 y 2001. Hasta ocho constructores se sentarán en el banquillo en un juicio que arrancará 12 años después de que la Agencia Tributaria y la Policía Nacional iniciaran en 2003 las primeras investigaciones de un caso que se eternizó posteriormente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz.

En esas investigaciones tanto la Delegación en Cádiz de la Agencia Tributaria como el Grupo de Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial vinieron a coincidir en que esas supuestas facturas falsas -aproximadamente una treintena- fueron emitidas y vendidas por la empresa Transportes y Canteras N.S.T., con sede en la plaza de España de Medina Sidonia. Esas facturas fueron adquiridas por seis empresas de Cádiz, Málaga y Granada que las deducían luego como gastos en sus declaraciones a Hacienda, obteniendo así devoluciones fiscales indebidas. Tras sus pesquisas, los investigadores consideraron probado que la empresa emisora de esas facturas jamás realizó los trabajos que en ellas se reflejaban al carecer de los medios humanos, técnicos y materiales para ello.

De esta manera, en el juicio fijado para el 24 de febrero de 2015 se sentarán en el banquillo de los acusados hasta ocho constructores, esto es, los tres socios fundadores de la empresa Transportes y Canteras N.S.T. y cinco de los administradores de las empresas supuestamente beneficiadas de estas operaciones.

Los socios fundadores de la empresa emisora de las facturas eran José Alba Quiñones, Pedro González Cabaña -hermano de Francisco, ex presidente de la Diputación de Cádiz y actual diputado nacional del PSOE- y Gabriel Orellana, ex presidente del PP en Medina Sidonia. Esta empresa fue fundada en 1999, aunque en mayo de 2000 cambió de propiedad después de que Alba y González Cabaña vendieran a Orellana todas sus participaciones. Durante la instrucción, González Cabaña y Alba mostraron su desconocimiento sobre la existencia de esas facturas falsas, responsabilizando de todo a Orellana. Éste, por el contrario, señaló al primero de ellos como urdidor de la operación.

Las calificaciones realizadas hace ya un año y medio por todas las partes denotan discrepancias claras sobre la responsabilidad de los acusados. Así, la acusación particular, representada por la Abogacía General del Estado, pide tres años de prisión y una multa de 16 meses, así como la devolución del dinero defraudado, a los ocho acusados, a los que atribuye un delito continuado en falsedad de documento mercantil. Por su parte, la acusación particular, representada por el senador del PP José Blas Fernández, rebaja su petición de pena a tres años de cárcel y una multa de 12 meses para siete de los ocho acusados, ya que para uno de los administradores pide apenas un año y nueve meses de prisión.

Sin embargo, la Fiscalía discrepa ya que responsabiliza sobre todo a Gabriel Orellana, a quien considera el cabecilla de la trama y para el que pide tres años de prisión y una multa de nueve meses. El Ministerio Público exime de cualquier responsabilidad a José Alba, a Pedro González Cabaña y a uno de los cinco administradores involucrados. Por su parte, las defensas de los ocho acusados solicitan la libre absolución de sus clientes.