El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, aseguró ayer que los expedientes relativos a ayudas a cursos de formación impartidos a extrabajadores de Delphi se analizarán también "uno a uno". 

En una respuesta a una pregunta parlamentaria en el pleno del Parlamento andaluz, Alonso recordó que desde hace 12 meses se están analizando todos los expedientes abiertos para cursos de formación, algo que se está haciendo "con un modelo de revisión único en este país, pues no se hace por muestreo como antes y como se hacía en el resto de España, sino que se analiza uno a uno". En el caso de Delphi, precisó que los cursos se hicieron "y ahora toca comprobar si las justificaciones de cada una de las subvenciones se ajustan a la legalidad". "Hacemos las comprobaciones expediente a expediente", indicó el consejero, quien explicó el procedimiento que se está siguiendo en las subvenciones, de forma que los beneficiarios deben presentar la documentación, la Junta estudia la misma, y "en caso de no ser suficiente se le requiere más información", después pasa a liquidación de expediente, se remite a Intervención para su posterior abono. 

Por su parte, la diputada del PP Ana María Mestre indicó que la Junta "ha nutrido con más de 64 millones de euros a empresas que conocían muy bien, muchas de ellas relacionadas con el exconsejero Ángel Ojeda". "Han sido más de 64 millones que se han empleado en formar a unos trabajadores a los que para nada les ha servido esa formación cuando intentan reincorporarse al mundo laboral", añadió.

"No vale decir sólo que se dieron las ayudas, no vale quedarse en la autocomplacencia, al menos se debería mínimamente sonrojar y no eludir responsabilidades", añadió Mestre, quien lamentó que la formación de trabajadores de Delphi "ha servido para ayudar a amiguetes y gente del entorno socialista; y la Junta no vio ahí una manera de ayudar, sino un voto, pero el tiro la salió por la culata". 

"Todo esto es un despropósito enorme por parte de la Junta y se podrían haber hecho muchas cosas con ese dinero y no haber tirado el dinero por la borda ni haber jugado con los puestos de trabajo", dijo Mestre, quien agregó que en el Plan Bahía Competitiva "también ha existido mucho dinero defraudado". 

Mientras tanto, el futuro del colectivo de extrabajadores de Delphi sigue pasando por el uso que puedan tener las antiguas instalaciones de la fábrica en Puerto Real. Por el momento, sigue a la espera la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz acerca del derribo de la planta. 

Antes del verano, los administradores concursales presentaron a dicho juzgado la solicitud para proceder a tal fin, con el objetivo de conseguir liquidez y hacer frente a las obligaciones que aún se mantienen con acreedores de la antigua multinacional. Para ello, hubo cinco empresas que aportaron otras tantas ofertas. Por el momento, el juzgado aún no se ha pronunciado y, además, según ha podido saber este periódico, se han presentado alegaciones al derribo por parte de algunos acreedores. Esto hace que, de procederse a la demolición, sea prácticamente imposible que se acometa antes de fin de año.