La tarde del 30 de agosto del 2011, el vapor Adriano III, el vaporcito que no iba a vapor y que era símbolo de la Bahía, se hunde en el muelle de Cádiz tras colisionar con el espigón de entrada.

Tras el impacto inicial por el 'naufragio', la familia Fernández San Juan, propietaria de la motonave, contrata a Ángel Vallejo y Julia Rubiales, ambos abogados especializados en derecho naval, para coordinar y centralizar todas las gestiones con las distintas administraciones implicadas en el reflote de la embarcación.

Tras varios intentos fallidos para coordinar y financiar el reflote con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al estar la motonave catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), es la Autoridad Portuaria, como responsable del puerto de Cádiz, la que el 20 de septiembre requiere oficialmente a la familia Fernández San Juan que se encargue de ese reflotamiento. Ante la falta de respuestas por parte de la familia propietaria, la Autoriad Portuaria encarga el 28 de septiembre a la empresa Tragsa la tarea y su posterior traslado al dique de Matagorda.

La familia propietaria del Adriano III no se encuentra con mucha predisposición a restaurar la nave, dado que no puede afrontar los costes de la operación. Intentan que la Junta de Andalucía les acepte la "cesión" de la motonave en una primera instancia, pero el asunto se presenta como "difícil", y es en este punto cuando entra en acción Manuel Ramos, un empresario enamorado del vapor y que está dispuesto a pujar por él.

Tres años después de un hundimiento que conmocionó a la Bahía, el actual propietario del Adriano III habla para narrar una singladura burocrática que mantiene en dique seco a la embarcación y en un estado cada vez más deteriorado. "Compré el vapor a titulo personal -afirma-. Sé que se dijo que yo actué como testaferro. Pero eso no es cierto. Tanto mis asesores como yo teníamos muy claro que este intento de cesión a la desesperada de la familia Fernández San Juan se podía convertir en el final de la motonave y eso era lo que yo quería evitar a toda costa."

Manuel Ramos aporta todo tipo de documentos explicativos para subrayar sus afirmaciones y narrar el largo proceso de la compra de la motonave. "Lo primero que propuse a la familia Fernández San Juan fue la compra de la sociedad propietaria del Adriano III, que estaba compuesta por 29 socios. La respuesta fue que no, que la sociedad no estaba en venta, pero sí los restos de la motonave tal como se encontraba." Ramos insiste, ya que sus asesores así se lo siguen recomendando, y tras una ardua y dura negociación entre la familia y Manuel Ramos se produce la venta de la sociedad de la familia Fernández San Juan a Manuel Ramos. La transacción de la venta se escritura en 120.000 euros, cantidad esta que constituye el capital social de la compañía adquirida.

Sobre la compra, Ramos resalta que "esta compra no estuvo exenta de dificultades, ya que poner de acuerdo a 29 socios, algunos de los cuales no conocían la existencia del Adriano III, fue una tarea muy compleja, pero finalmente lo conseguimos"

Continúa Ramos: "El primer paso que había que dar era trasladar el Adriano III desde Matagorda hasta un varadero de El Puerto, ya que en Matagorda ni siquiera habíamos hablados de presupuestos de reparación".

Aquí Ramos despeja una primera incógnita: "Corrió el bulo por ciertos corrillos que el PP le había aconsejado a Enrique Moresco, por entonces alcalde de El Puerto, la compra del barco, y así el PP, una vez ganadas las elecciones autonómicas, lo reparase y apuntarse así el tanto político. Nada de eso fue cierto."

Muestra una documentación muy amplia y relata el proceso de la gestión del traslado desde Matagorda a El Puerto de esta manera: "El 28 de noviembre presentamos toda la documentación requerida por la Capitanía Marítima del puerto de Cádiz. El proyecto estaba firmado por el ingeniero Jose Ruiz Corte. Enseguida nos dimos cuenta que alguien estaba torpedeando el proyecto, ya que las pegas eran muy fuertes, no había papel presentado que no fuera rechazado y solicitado uno nuevo, y los motivos de estas trabas a veces eran descabellados... por decirlo de buen modo."

Sobre la postura de Tragsa cuenta que, "cuando ya teníamos solucionado el papeleo, aparece Tragsa que pretende cobrarnos unos honorarios de 48.000 euros a lo que nos negamos desde el principio. Y ante nuestra negativa presentan una nueva factura esta vez por 24.000 euros, justo la mitad, a lo que también nos negamos. Recurrimos primero ante el juzgado de instrucción y perdemos la vista, pero un posterior recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía este nos da la razón, y anula la facturación de Tragsa."

Finaliza de este modo el primer paso. El Vapor ya está en el astillero portuense Guadalete y la primera parte de la reparación se efectúa entre el 28 de noviembre y octubre del 2012. "Esta primera fase se abona por mi parte contra certificaciones.", asegura Ramos.

Los problemas que surgen a posteriori los resume el propietario de esta manera:"Por nuestra parte contábamos con la financiación adecuada para continuar con nuestro planning de trabajo sin ningún tipo de problemas de pagos ni de nada por el estilo. Pero por lo que se ve, nuestro gozo en un pozo. Astilleros Guadalete recibe una notificación de embargo por los derechos de créditos, interpuesto por falta de pagos a varias administraciones del Estado, como Autoridad Portuaria, Tesorería de la Seguridad Social y Agencia Tributaria. En esos momentos el único cliente con el que contaba el varadero éramos nosotros con la obra de la motonave Adriano III y estas administraciones intentan colocarnos el marrón de hacernos responsables civiles subsidiarios de la deuda del astillero. Recurrimos y ganamos este embargo y el 14 de Marzo del 2014 la Autoridad Portuaria cancela y extingue la concesión de Astilleros Guadalete."

Esta situación deja a la motonave sin lugar de reparación, por lo que "en ese mismo momento solicitamos una ocupación temporal del dominio público por un año para poder finalizar los trabajos, ya que la Autoridad Portuaria requería que sacasemos el barco lo antes posible de los terrenos que ocupaba. Esta solicitud se presenta el 23 de mayo de este año y es el alcalde de El Puerto el que deberá decir sí o no". En una entrevista publicada por Diario de Cádiz el nuevo alcalde de El Puerto, Alfonso Candón, revela su postura: atenderá la petición de ocupación temporal del dominio público. Un nuevo escollo se ha salado. Pero aún quedan muchos más.