El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz ha condenado a José María A.L. a cuatro años de prisión por el atropello que acabó con la vida de los jóvenes jerezanos Manuel Zúñiga y Rosa Pantoja hace poco menos de año en la carretera de El Portal (A-2002). La pena impuesta es la máxima que establece el Código Penal para un delito contra la seguridad vial en concurso medial con otros dos de homicidio imprudente rechazando, de este modo, la petición que hizo la defensa de que se aplicaran atenuantes para rebajar los años de cárcel. La sentencia no es firme por lo que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 18 de julio del pasado año cuando el condenado circulaba con su turismo por la carretera de El Portal en dirección a El Puerto cuando adelantó a dos camiones en un tramo donde estaba prohibido esta maniobra. Se daba la circunstancia añadida que superaba en nueve kilómetros hora la velocidad máxima permitida -el límite está establecido en 90 kilómetros por hora- y que iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de drogas. Mientras, los dos jóvenes circulaban a bordo de un ciclomotor por el carril contrario en dirección a Jerez, cuando el turismo colisionó con ellos provocando el fatal desenlace.

En la vista oral, que se celebró en Cádiz ya que el atropello se produjo en término municipal portuense, el acusado asumió su culpabilidad por lo que el fallo judicial se ha centrado en dilucidar si incurrió también en un acto de temeridad manifiesta, si se tenía que tener en cuenta el daño moral a los familiares a efectos de indemnización o si se podrían aplicar algún tipo de atenuante.

Así, el Juzgado rechazó la solicitud de la acusación particular, ejercida por el letrado Manuel Hortas, que el autor del atropello fuera condenado también por temeridad manifiesta en la conducción. En el fallo, el titular de la sala razona que esta circunstancia ya va implícita en el homicidio imprudente. Tampoco aceptó la propuesta de daño moral argumentando que este concepto ya se ha tenido en cuenta.

Por otro lado, tampoco aceptó la petición de atenuantes planteada por la defensa, representada por la abogada Eva Ramírez Niño, que lo había justificado en que la aseguradora ya había abonado buena parte de la indemnización económica, en la confesión del condenado a los agentes de la Guardia Civil minutos después de ocurrir los hechos y en la petición de perdón que ha realizado a la familia. Sobre esto último, el fallo establece: "Esa petición de perdón y arrepentimiento tiene una transcendencia ética o moral pero no produce automáticamente un efecto atenuatorio de la pena; lo contrario supondría dejar la aplicación de la pena en manos del acusado pues bastaría con mostrar su arrepentimiento o con solicitar el perdón al ofendido, fuera cierto o no el mismo, para aplicar indefectiblemente la atenuación".

Por ello, el juez de lo Penal apuntó que, en este caso, debe fijarse la máxima pena que establece el Código Penal puesto que, para empezar, al autor de las muertes le constan dos condenas previas por conducir bajo los efectos del alcohol, con el agravante de que en esta ocasión no solo volvió a dar positivo por alcoholemia sino también por cocaína. También se ha tenido en cuenta la negligencia de su maniobra al adelantar "a una velocidad superior a la permitida en una zona de escasa visibilidad e invadiendo totalmente el carril contrario". Y, finalmente, se da el añadido de que mató a dos jóvenes, de ahí que se haga hincapié en la "extrema gravedad de los hechos" sin que se "atisben razones que permitan no aplicar la pena en su máxima extensión". Además, ha sido condenado a no poder conducir ningún tipo de vehículo a motor durante seis años.

José María A.L. permanece en prisión desde el día siguiente al del atropello. No obstante, podría quedar en libertad dentro de un año si alguna de las partes recurren y la sentencia no es firme aún en ese momento. El abogado de las familias de los fallecidos explicó ayer que se está estudiando la posibilidad de recurrir. En paralelo, la familia se plantea iniciar actos reivindicativos para reclamar que el Código Penal fije penas de prisión mayores a las actualmente establecidas.