El Ayuntamiento dará hoy un nuevo paso en el proceso de legalización del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar (cuya denominación comercial es Golf El Puerto). Para ello, el Pleno Municipal aprobará hoy volver a exponer públicamente la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que permitió que las fincas del Cerro de las Cabezas y Viña Rango fueran declaradas urbanizables y, posteriormente, pudiera ser construido el campo de golf. Este cambio de la clasificación de los suelos está anulada por el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) desde 2004. Sin embargo, la sentencia no es firme ya que está recurrida ante el Tribunal Supremo.

La modificación puntual del Plan General fue anulada por el alto tribunal andaluz por dos motivos fundamentalmente. El primero de ellos era porque el vigente PGOU limitaba las reclasificaciones de suelos no urbanizables a unos ámbitos territoriales concretos (las fincas de Viña Rango y Las Cabezas estaban fuera de ellos).

La segunda argumentación esgrimida era que se había producido un error formal en la tramitación de la modificación del planeamiento. El vigente PGOU, aprobado en 1991, preveía la construcción de un campo de golf en Las Beatillas (en la sierra de San Cristóbal), terrenos propiedad del grupo de empresas Jale. Sin embargo, a finales de los noventa el Ayuntamiento y la empresa municipal Impulsa apoyaron abiertamente el proyecto golfístico promovido por el ex consejero de Trabajo de la Junta Ramón Marrero y la antigua Caja San Fernando en la Carretera de Sanlúcar. Para ello, se decidió desclasificar los suelos de Las Beatillas y declarar urbanizables los de Viña Rango mediante una modificación del PGOU. Ésta se tramitó exponiéndose públicamente y Jale presentó alegaciones en su contra. Finalmente, y tras unas negociaciones entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento, se decidió que ambas fincas pudieran albergar proyectos de campos de golf junto con su correspondiente desarrollo residencial (en Viña Rango 700 viviendas y en Beatillas 320). Sin embargo, el TSJA determinó en 2004 que este acuerdo debía haberse expuesto públicamente de nuevo ya que era sustancialmente distinto a lo que inicialmente se había presentado.

No obstante, esta sentencia no trajo como consecuencia el cierre del campo de golf (que permanece abierto desde 2003) ni la paralización del desarrollo urbanístico de la zona (actualmente se ejecutan las obras de urbanización del futuro complejo residencial). En cambio, tanto el anterior gobierno de IP y PSOE como el actual del PP y PA han tomado medidas para corregir los problemas legales de la instalación. Primero, modificaron la normativa del PGOU que limitaba los cambios de categoría de los suelos (aprobada en última instancia por la Junta el pasado mes de mayo). Y ahora se subsanará el error formal que hubo en la tramitación del cambio puntual del Plan volviéndolo a exponer públicamente. Según los informes técnicos, no será necesario que se realicen otros trámites burocráticos posteriores para que la modificación del PGOU sea efectiva. La propuesta saldrá adelante ya que el Gobierno municipal goza de mayoría absoluta. IP y PSOE no se han pronunciado públicamente e IU anunció ayer que votará en contra por entender que se está tratando de dar "cobertura legal" a un campo de golf con dos sentencias del TSJA en contra.