El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha firmado en Conil convenios con los ayuntamientos de Conil, San Fernando, Vejer y Paterna para facilitar el cumplimiento por parte de menores infractores de medidas judiciales en abierto en las mencionadas localidades. El acuerdo lo han rubricado el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez; el de Vejer, José Ortiz; alcalde de Paterna, Alfonso Caravaca; y la delegada general del Área de Familia del Ayuntamiento de San Fernando, María José de Alba Castiñeira.

Estos convenios tendrán una vigencia de dos años y renuevan la colaboración que desde 2010 ya existe entre la Junta de Andalucía y estos consistorios para que los jóvenes que cumplan las medidas judiciales que les imponen los jueces de menores puedan hacerlo en actividades propias de los consistorios en las áreas de deportes, bibliotecas, medio ambiente, servicios sociales y Policía Local, entre otras.

En concreto, estas medidas judiciales en cuya ejecución colaborarán los ayuntamientos, y que tienen como principal objetivo resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta, son las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), las Tareas Socioeducativas (TSE) y las Actividades Reparadoras en favor de la sociedad (RS). Todas ellas se derivan de un proceso de conciliación y mediación y comprenden, por un lado, de un seguimiento por parte de los agentes de la Policía Local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones durante la Permanencia de Fin de Semana (PFS) en el domicilio familiar; y por otro, de la cooperación o colaboración para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas.

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz ha puesto de relieve que "con estos acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven en su mismo entorno", y ha añadido que este conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley "tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta".

López Gil también ha destacado la colaboración de los agentes de la Policía Local de estas localidades al facilitar y garantizar el cumplimiento de estos convenios. A lo largo del año 2013 y durante el primer semestre de 2014, en estas cuatro localidades se han aplicado un total de 67 de estas medidas.