El ex presidente de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado nacional del PSOE, Francisco González Cabaña, declaró ayer en calidad de testigo ante la juez que instruye el caso Bahía Competitiva que cree que en el proceso "va a haber desimputaciones de cargos políticos y algo más".

Después de que varios imputados en este procedimiento hayan sacado a la palestra su nombre, apuntando incluso que fue él la persona que "presionó" para que se modificasen las baremaciones de determinados proyectos para que se beneficiasen de ayudas millonarias a la reindustrialización, González Cabaña compareció ayer como testigo ante la magistrada Lourdes del Río para dejar claro cuál fue su actuación en la asignación de los fondos Reindus.

En más de una ocasión Cabaña había manifestado su deseo de prestar declaración en sede judicial por el caso Bahía Competitiva "para poder defenderse", llegando incluso a plantear la posibilidad de renunciar a su aforamiento. Ayer su petición se vio atendida y el socialista acudió al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz para responder a las preguntas de la juez, el fiscal, la defensa y la acusación particular durante más de cuatro horas.

Al final de la sesión, el que fuera presidente de la Diputación de Cádiz ocho años (de 2003 a 2011) manifestó a los medios que su testimonio había servido para acabar con "algunos mitos" que ha ido creando "el juicio paralelo del Partido Popular". Por lo tanto, afirmó "estar contento" y con las expectativas "colmadas". En este sentido, además de insistir en que acudía en calidad de testigo, el socialista se atrevió a vaticinar que "habrá desimputaciones y algo más", en relación a imputados políticos en el procedimiento. Asimismo, el ex presidente del ente provincial valoró que el caso Bahía Competitiva terminará "muy satisfactoriamente para muchas de las personas que están ahora mismo imputadas", al tiempo que destacó que la instrucción por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz es "sensata" y está "a la búsqueda de las responsabilidades reales del fraude".

Igualmente, recalcó que "por mucho que se hable de presunción" él asegura que "los auténticos responsables del fraude son los que se llevaron el dinero, y lo que tiene que hacer la Policía es perseguirlos para que lo devuelvan". "Los que van a terminar donde tienen que terminar, en la cárcel, son los que defraudaron el dinero, que lo hicieron de por sí ellos mismos, y no tuvieron ayuda de ninguna administraciones", insistió.

Como era de esperar, el diputado socialista fue cuestionado en la vista sobre su participación en la toma de decisiones para otorgar las ayudas a la reindustrialización y respondió que "rotundamente no", defendiendo que "nunca" interfirió en las baremaciones. "Un político siempre tiene que actuar conforme a los informes de los técnicos", sentenció.

Al hilo, manifestó que "para estar en cargos públicos como los que he desempeñado hay que tener actitudes políticas, pero sobre todo valores éticos y morales, que están por encima de esas actitudes políticas, y que para mí son principios irrenunciables".

"En la comisión evaluadora no intervenían los políticos", ha aseverado, y ha negado que el ex técnico de Diputación y miembro de la comisión de evaluación de las ayudas del Plan Bahía Competitiva, Teodoro Clavijo, lo responsabilizara en su declaración de la modificación en la baremación de empresas para que accedieran a subvenciones. Al respecto, expuso que Clavijo no lo ha comprometido aduciendo supuestas presiones en el baremo final, "cosa distinta es lo que filtre el PP intoxicando y distorsionando".

Además, Cabaña defendió ayer ante la juez que "la responsabilidad primera y última" era de Industria. Para el socialista el Ministerio era el que decidía, por lo tanto "no era responsabilidad ni de la Junta, ni de Diputación revisar la documentación" de las empresas que aspiraban a las ayudas Reindus. En esta línea, el diputado esgrimió que "lo que tenía que haber hecho el Ministerio es haberse leído el informe de los técnicos" y "haber extremado precauciones".

Según las fuentes judiciales consultadas, González Cabaña fue cuestionado por Alestis, entidad que supuestamente se benefició de manera irregular de las subvenciones. El ex presidente dijo que la Diputación no era accionista de Alestis, dando a entender que no tenía interés en favorecerla; sin embargo alegó que "otras administraciones sí son accionistas" de la entidad. Fue entonces cuando el fiscal le preguntó si se refería a la Junta de Andalucía y él se negó a contestar, si bien acaba afirmando que "pudiera ser".

El diputado socialista no teme resultar imputado en el caso Bahía Competitiva, ya que sostiene que la imputación en España "es una figura de garantía de defensa, aunque a la opinión pública se le traslade una percepción negativa del término imputado".

Por último, justificó esa ausencia de temor ante una hipotética imputación porque son "los valores éticos y morales" los que "han guiado" su proceder y por ello está "tranquilo".

Cabaña no quiso evitar la crítica política y lamentó que "desde el principio se esté viviendo una instrucción paralela, una instrucción política que carece de sensatez y tiene como objetivo la destrucción del adversario político", y ha reseñado que eso no lo va a permitir "nunca". El dirigente socialista indicó que "el PP es demasiado previsible" y que él "no iba a permitir que siguieran politizando el caso". En este sentido, señaló que incluso ha anticipado a la letrada que representa al Partido Popular en el procedimiento "el enunciado de la pregunta que iba a hacer en primer lugar", detallando que versaba sobre por qué la Diputación no gestionó las ayudas a la reindustrialización en la comarca del Campo de Gibraltar, donde lo hizo la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y sí en cambio en otras zonas de la provincia.