El técnico de la Diputación de Cádiz que formaba parte de la comisión de baremación de Bahía Competitiva, Teodoro Clavijo, defendió ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz que él sólo desempeñaba labores técnicas en la evaluación de los proyectos que querían optar a las ayudas a la reindustrialización y "que la decisión final de la concesión era política".

Esta declaración se enmarca dentro de una jornada [la de ayer] en la que la juez Lourdes del Río, que investiga el supuesto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización en la Bahía de Cádiz a través del plan Bahía Competitiva -que da nombre al procedimiento- citó a cuatro miembros de la comisión evaluadora encargada de estudiar dichas ayudas: Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro, técnicos de la Diputación; Gema Herrera, representante de la Agencia Idea; y Rosa Rodríguez Cano, representante de la oficina de Bahía Competitiva.

Según las fuentes judiciales consultadas, los cuatro advirtieron de los riesgos que entrañaba la concentración de empresas en Alcalá de los Gazules. De hecho, el propio Clavijo afirmó que Angelines Ortiz, entonces delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, mostró interés por conocer el problema de la concentración. 

En este punto Clavijo confirmó que conocía a Ortiz de dos o tres ocasiones, algo que la actual directora de Economía Social de la Junta negó en su declaración como testigo. Asimismo, este técnico volvió a apuntar a Teodoro Garrido, ex gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) e imputado en la causa, como la persona que le dictó los cambios a realizar en el listado de empresas que se enviaron al Ministerio de Industria. 

Por su parte, Rosa Barreiro, la otra técnica del ente provincial, manifestó que ella sólo asistía a la comisión de baremación "como apoyo administrativo", si bien estuvo presente en una reunión en la que el propio Perales, gerente de Bahía Competitiva, justificó tanto los problemas de concentración de ayudas en Alcalá como las propuestas de cambio realizadas por él mismo en el listado de empresas  una vez que las baremaciones técnicas habían finalizado.

Además, Barreiro declaró que su compañero Clavijo le mandó un correo donde le indicaba que González Cabaña y María José Valencia (responsable política del IEDT) querían ver los listados, señalando así al ex presidente de la Diputación de Cádiz.

En cuanto a Rosa Rodríguez Cano, ésta afirmó ayer que en una reunión de la comisión de baremación todos, entre ellos Perales, quedaron en disminuir el número de empresas adjudicatarias de Alcalá para reducir riesgos. Y aseguró que a partir de ese momento era el IEDT quien se encargaba de realizar el listado definitivo. Es más, puntualizó que se efectuaron cambios de los que nunca tuvo constancia posterior. 

A Rodríguez Cano le llamó la atención la estrecha relación entre un técnico de Diputación, Clavijo, y la gerente de la Agencia Idea, Rosa Mellado, cuando lo normal es que las comunicaciones sean entre los propios técnicos. Añadió Cano que el pasado mes de enero la despidieron de la Agencia Idea y que incluso le intervinieron su ordenador.

Por último, Gema Herrera explicó ayer ante la juez que se sorprendió ante un correo en el que se proponía que las empresas de Gorka Retolaza "se quedasen", cuando dichas entidades no eran baremables para los proyectos del plan Bahía Competitiva.

Durante la mañana de hoy declarará, esta vez como imputada y no como testigo, Angelines Ortiz. Del Río también ha llamado a Rosa Mellado, María José Valencia y Adelaida Moraes.