En los últimos dos años se han perdido cien puestos de trabajo de personal civil en la Base Naval de Rota que han sido amortizados y "si no se pone solución, cuando llegue el cuarto destructor del escudo antimisiles (en 2015) serán unos 250 menos". Es de lo que alertó ayer el Partido Socialista, que anunció que ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para el mantenimiento y promoción del empleo de personal laboral español en las instalaciones roteñas.

Para el portavoz socialista de Defensa en el Congreso, Diego López Garrido, en Rota se está dando la "gran paradoja de que cuando va a aumentar de forma muy considerable la presencia americana, la operatividad y la actividad en la Base; hay un descenso incomprensible e inaceptable en los trabajadores civiles españoles". Según dijo, ya sea por jubilaciones, invalidez o fallecimientos se han perdido ya 100 empleos "sin que se haya cubierto ni uno sólo de ellos".

Y no es preocupante por eso exclusivamente, añadió, "sino porque se percibe una cierta 'moronizacion' de Rota. "Es decir se está sustituyendo el trabajo que hacen los trabajadores locales, dependientes laboralmente del Ministerio de Defensa, por contratas que hacen empresas privadas, como sucede en la Base de Morón. Se está vaciando de funciones al personal local porque su trabajo también se está externalizando, se cambia el trabajo fijo y de calidad por contratos precarios , mal pagados y temporales", explican los socialistas en el texto de la proposición.

El PSOE exige al Gobierno cubrir con nuevo contratos las bajas por jubilación, invalidez o fallecimiento mientras permanezca el escudo antimisiles y recuperar los puestos de trabajo amortizados en los dos últimos años. Además piden que el aumento de actividad se traduzca en creación de empleo para trabajadores españoles y que no se externalice los puestos desempeñados por estos empleados.

Por último, piden al Gobierno que vele porque se cumpla el número de personal civil americano autorizado en la Base Naval de Rota según el convenio bilateral y que exija "a la administración norteamericana que facilite a la administración española el número de puestos de trabajo ocupados por personal civil norteamericano, tanto en la Base como en contratas para hacer posible el cumplimiento efectivo de este acuerdo entre ambos países". Y es que, según denunciaba ayer la diputada Mamen Sánchez, el propio Gobierno reconoció en respuesta a una pregunta de la oposición "que no tienen control sobre el personal civil americano a través de las contratas".

Todo esto lo piden al Gobierno porque es "un problema de fondo político" y el Ministerio de Defensa "debe defender los empleos", apuntaron. El diputado socialista cree que lo que está ocurriendo es "totalmente contrario al espíritu y la letra del convenio bilateral". "La contrapartida en beneficio laboral no se está viendo".