La que fuera delegada provincial de Innovación, primero, y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo después, Angelines Ortiz, tendrá que explicar el próximo viernes día 25 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz por qué afirmó en sus comparecencias anteriores no saber "nada de nada" acerca de la mecánica de valoración y baremación de los proyectos que solicitaban ayudas al plan Reindus, y que se analizaban entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Agencia de Innovación, a través de la oficina de Bahía Competitiva que dirigía Antonio Perales.

Y es que, según consta en el escrito presentado ante la magistrada del caso, la juez Lourdes del Río, hay varios correos electrónicos en los que se produce una conversación entre uno de los técnicos de la Diputación, Teodoro Clavijo -miembro de la comisión de baremación- y la propia Angelines Ortiz, hoy directora general de Economía Social de la Junta de Andalucía.

Según esos correos, el 25 de febrero de 2011, a las 10:42 horas de la mañana, la entonces responsable de Innovación de la Junta en Cádiz escribe un mensaje a Clavijo, con el asunto "Listado provisional Reindus Bahía de Cádiz 2011". En ese correo, la delegada transmite: "Necesito me envíes anotaciones hechas a algunos expedientes sobre los que la comisión tiene reservas para su aprobación definitiva, tal y como me comentó Teodoro Garrido". Garrido, hay que recordar, también está imputado en este caso y era el gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial, aunque fue cesado de su cargo tras conocerse su implicación judicial.

La contestación de Clavijo a Ortiz se produjo el mismo día, a las 11:56 horas: "Aquí tienes el listado de las empresas con el informe que se le ha anexado al Ministerio de Industria".

Como se explica en esta documentación ante el Juzgado, aparece otro correo anterior, del 17 de febrero, remitido por Rosa Rodríguez Cano (representante en la comisión de baremación de los proyectos por parte de Bahía Competitiva) dirigido a los tres técnicos de la Diputación que pertenecían a dicha comisión: Rosa Barreiro, Gema Herrera y el propio Teodoro Clavijo. Esa comunicación añade que "se da cuenta de los créditos que se han modificado e indica los cambios realizados". Y también que "la excepcionalidad de este correo radica en que lleva un archivo adjunto conteniendo una página Excel que, a su vez, contiene dos pestañas. La primera de ellas, bajo la denominación de Total, es el listado que aprobó la comisión -listado que ya estaba en posesión del Juzgado-; la segunda, denominada Hoja 1, contiene el listado modificado conforme a las indicaciones contenidas en el propio correo.

Dicho listado, que se acompaña en el escrito -para que, a su vez, se incluya en las diligencias-, es el ya conocido en el que se indican cambios de baremación, aumento de créditos para determinados proyectos o eliminación de otros. Así, solo teniendo en cuenta los proyectos cuya ubicación iba a ser Alcalá de los Gazules (municipio natal de Antonio Perales), el total de ayudas que se iban a conceder ese año ascendía a algo más de 38,2 millones de euros. Sin embargo, tras las supuestas modificaciones, esas cantidades sumaron algo más de 39,2 millones.

Y otro correo más que figura en la documentación entregada a la magistrada Del Río, se produce la siguiente conversación entre Rosa Barreiro y Teodoro Clavijo: "Mañana a las 10 llega Pedro y quiere que veamos el listado para pasárselo a la dipu -supuestamente la diputada encargada del IEDT, María José Valencia- y que ella lo vea con el presi -también supuestamente en referencia al presidente de la Diputación, entonces, Francisco González Cabaña- para decirnos lo que sea antes de la comisión de por la tarde".

Finalmente, en el escrito a la juez se asegura que "de lo expuesto se puede concluir que todos tenían conocimiento del listado que aprobaron los técnicos en su día. Igualmente, que los superiores conocían los trabajos de los técnicos. Del mismo modo, que tuvieron conocimiento de los listados una vez modificados".

Por último, hay que reseñar que el viernes, junto a Angelines Ortiz, volverán a pasar por sede judicial en calidad de imputados Rosa Mellado, la actual gerente de la Agencia Idea en Cádiz; la ex diputada provincial responsable del IEDT, María José Valencia; y otra de las técnicas del ente provincial, Adelaida Moares. Un día antes, el jueves, testificarán los tres técnicos de la Diputación (Barreiro, Clavijo y Gema Herrera), más Rosa Rodríguez Cano.