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Impacto en la provincia del nuevo proyecto de ley

Los servicios sociales, a debate con la reforma de la administración local

  • Mientras que los socialistas hablan de un desmantelamiento de la atención gratuita en aras de la privatización, los populares aplauden la claridad en la asignación de competencias

 A finales del pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y lo remitió al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Con esta futura ley que reforma la administración local se acaba supuestamente con las denominadas atribuciones impropias de los ayuntamientos en virtud al principio ‘Una administración, una competencia’. 

En teoría, el Gobierno pretende eliminar duplicidades, clarificar funciones municipales, racionalizar la estructura local y llevar a cabo un reajuste financiero que supondrá un ahorro estimado de más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015.

Ahora bien, desde que se elaborase el anteproyecto de esta nueva normativa –hace aproximadamente seis meses– son varios los ayuntamientos así como otros organismos del sector público los que han dado la voz de alarma con respecto al varapalo que esta legislación puede suponer para el área de servicios sociales.

Se ven en el ojo del huracán los Centros Municipales de Información a las Mujeres (CMIM), que sólo en Andalucía ascienden a 166, así como los empleos de casi 500 trabajadores sociales de la comunidad autónoma. Soledad Ruiz, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) apunta que esta reforma comete el error de justificarse en el control financiero y la eliminación de duplicidades cuando en realidad las administraciones locales tienen un déficit menor al establecido por el Estado y una deuda que apenas representa el 4,5% del total de las administraciones públicas.

Por su parte, Lola Virués, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, habla de “desmantelamiento” de los servicios sociales. “Justo en estos momentos de profunda crisis, el Gobierno central desprotege a los que más lo necesitan”. Virués insiste en que “esta ley recorta derechos fundamentales hasta ahora intocables” y considera que “en los tiempos que corren, más que nunca, el estado del bienestar es la solución, no el motivo de la crisis”.

Se suma a las críticas el delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil. Según el socialista, “la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no soluciona nada: no evita duplicidades ni clarifica competencias, mucho menos simplifica la estructura municipal o garantiza un control presupuestario más riguroso. Simplemente priva a los ayuntamientos de sus cometidos sociales para con los ciudadanos, que acuden a ellos como ente administrativo más cercano y asequible”. Lejos de reordenar el entramado institucional del Estado de las Autonomías, para López Gil “esta reforma promueve la privatización y persigue la rentabilidad económica de determinados sectores en detrimento de una asistencia gratuita para todos”. El delegado dice que “una vez más el Gobierno vuelve a aprobar una ley en solitario sin ni siquiera consultar a los organismos y entidades implicados en la materia”.

Engrosa la lista de detractores del proyecto de ley el alcalde de Conil Juan Manuel Bermúdez  (IU). El primer edil asegura que esta reforma “respira tutelaje de una administración sobre otra, ignora las competencias autonómicas sobre el régimen local y desprecia a los ayuntamientos como parte del Estado”. Bermúdez recalca que “la nueva legislación habla de racionalizar la estructura organizativa cuando en realidad quiere decir privatizar servicios, ya que reconoce como uno de sus objetivos favorecer a la iniciativa económica privada”. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma según el regidor conileño, que entiende que ésta se basa en “el debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, la anteposición de los principios financieros neoliberales y la intervención y fortalecimiento de unas entidades decimonónicas asociadas al clientelismo y la falta de transparencia como son las Diputaciones Provinciales”. Bermúdez concluye que “esta ley huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y al elitismo en la representación política, y desvía la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en base al ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total”.

En esta misma línea argumental se mueve la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García (PSOE): “La reforma de la administración local representa un durísimo varapalo para quienes creemos en la necesidad de que existan, inexcusablemente, unos servicios básicos de carácter público. El Partido Popular ha abierto de par en par las puertas de la privatización y fija con claridad sus prioridades: primero, el ahorro, luego  dar las prestaciones adecuadas a los ciudadanos”.

La también secretaria general del PSOE provincial arroja unas cifras bajo su punto de vista “preocupantes”. “Que el recorte en servicios sociales llegue a los 300 millones de euros y que 500.000 personas puedan ser expulsadas del sistema en Andalucía es una auténtica locura”. García cita como ejemplo las residencias de ancianos “que ahora habrán de ser cerradas o privatizadas al ser consideradas como una competencia impropia de los municipios”. 

La socialista se muestra indignada también ante el impulso que Gobierno central da a las Diputaciones. “Es un ataque frontal contra la democracia, puesto que los ciudadanos serán dirigidos por una administración que no ha sido elegida por ellos directamente”.

Por último, Irene García alude que no existen argumentos para llevar a cabo esta reforma “deprisa y corriendo”. “Los consistorios representan únicamente el 4,5% de la deuda global del tan manido déficit que obsesiona al PP; entre ellos, sólo el Ayuntamiento de Madrid provoca el 50% de esa deuda”.

Evidentemente, no todo van a ser posturas adversas. También están los defensores de la propuesta. Desde el Ayuntamiento de El Puerto, la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Leocadia Benavente, estima que si algo hace esta legislación es consolidar los servicios sociales que se prestan a los ciudadanos. “La reforma que plantea el Gobierno de España logra una de las grandes demandas que ayuntamientos como el de El Puerto llevan años persiguiendo: concretar qué administración tiene que realizar cada competencia y quién tiene que financiarla”.

Benavente precisa que la atención social es una competencia “claramente delegada a la comunidad autónoma desde hace años y así lo refleja su Estatuto de Autonomía, por lo que una reforma local no tiene por qué afectar a este sector”. No obstante, señala que uno de los grandes problemas con los que se encuentran los servicios sociales en el ámbito municipal es la falta de financiación de los distintos programas por parte de la Junta. “Con la nueva ley esto no ocurrirá porque, en caso de impago por parte de la Junta, el Gobierno asegura el cobro de estos programas detrayendo el dinero de su aportación a la comunidad autónoma”.

Igualmente, la también popular alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, interpreta que el objetivo de la ley “no es un cambio de titularidad de las competencias, sino concretar y por extensión garantizar que todas ellas tengan definida la administración a la que le corresponde su gestión”. En este sentido, “el Ayuntamiento de Cádiz desearía que quede totalmente claro quién debe financiar los servicios sociales que actualmente se prestan en la ciudad. De hecho, de los 14 millones de euros que bajo este epígrafe invierte el Consistorio gaditano, éste sólo recibe uno”. 

Asimismo, Martínez espera que “la aplicación de esta legislación implique que la Junta de Andalucía asuma sus funciones en materia de servicios sociales y en todo lo que marca el Estatuto de Autonomía, y que decida de manera firme si es capaz de desarrollarlas o si –como viene siendo práctica habitual– dejará que lo hagan los ayuntamientos”. En este último caso “lo que sí debe fijar la ley es que esa ‘encomienda’ debe ser tanto de la gestión como de los recursos, pues es de todo punto injusto, y lo que es peor, insostenible, que con los recursos propios de los municipios se desarrollen unas competencias como la de los servicios sociales, que requieren un gran esfuerzo económico”.

Finalmente, Daniel Nieto, teniente de alcalde de Presidencia y Ciudadanía del Ayuntamiento de San Fernando (PP) afirma que “la reforma va a permitir que las administraciones locales dejen de ser los financiadores de las políticas de la Junta. Con la situación actual, la administración autonómica ha hecho un gran negocio con los ayuntamientos al hacer descansar sobre la economía municipal buena parte de sus servicios exclusivos. A partir de ahora todos los consistorios tendrán claro cuáles son sus competencias y los ciudadanos sabrán qué administraciones cumplen y cuáles no, por eso la Junta de Andalucía y el PSOE están en contra de esta reforma, porque va a poner de manifiesto sus incumplimientos con los ciudadanos andaluces, lo que hasta ahora tapaban los ayuntamientos”.

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