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Provincia de Cádiz

Ayuso resalta los escasos medios contra el "desorden social y moral" en Cádiz

  • La jefa de los fiscales de la provincia no ve motivos para pedir la revisión de la sentencia en el caso Ricardi, considera "contundente" el fallo y cree que el informe policial es "una simple opinión"

Los medios y la organización de que dispone el sistema judicial en Cádiz no dan abasto para afrontar el "desorden social y moral" importante que sufre esta provincia tan complicada. Esa es la conclusión tras un desayuno con la fiscal jefe de la Audiencia Provincial en las instalaciones de Diario de Cádiz, en el que Ángeles Ayuso sólo tomó un zumo de naranja.

No cabría asegurar, no obstante, que la fiscal es totalmente pesimista: "En la Audiencia, las instalaciones en general y las de la fiscalía en particular, están bien, han mejorado mucho, si lo comparamos con tan sólo hace unos años", afirma. Pero aun así, considera que muchas rehabilitaciones de antiguos edificios se han hecho sin atender realmente a las necesidades. "No necesitamos megaobras" advierte Ayuso, que es de la opinión de que "se ha gastado mucho dinero en rehabilitar".

Ángeles Ayuso insiste en una idea, la de que a la hora de hacer las sedes judiciales "hay que oír a los usuarios, que somos fundamentalmente la gente que trabajamos en la justicia; hay que escuchar la opinión de los presidentes y de los decanos". "No podemos permitirnos más fracasos como el de la Cárcel Real de Cádiz", resume la fiscal, recordando el desafortunado caso de la rehabilitación de este monumento y obra cumbre del neoclásico andaluz. El edificio ha servido de sede a los juzgados gaditanos hasta hace unos meses, cuando éstos se trasladaron a los bajos del Estadio Carranza por el mal estado que presentaban las históricas instalaciones. Esa obra "no se tendría que haber hecho nunca", según la fiscal, puesto que se sabía desde el principio que no se podría eliminar el problema de las humedades.

Pero el gran problema es el de personal. "Faltan jueces, fiscales, policía judicial...", dice Ayuso con unos significativos puntos suspensivos en sus palabras, que quieren decir que hay carencia de todo, a la vez que elogia la labor de esos esforzados funcionarios. "El problema es también de competencias, que un mismo juez tenga que ocuparse a la vez de llevar un asunto tan complicado como el de Rilco y de ver, a la salida de una guardia, un juicio de faltas. Es como si en una empresa alguien tuviera que ser a la vez director general y ascensorista".

La situación se complica por la abundancia de asuntos y por la especial configuración de "una provincia que en realidad son tres". Ángeles Ayuso cuenta de manera expresiva que en una visita del fiscal general, Cándido Conde Pumpido, éste le comentó: "No sabía que Cádiz fuera una provincia con tantos problemas". Y de ellos dos fundamentales y en crecimiento: droga y urbanismo. Hasta el punto de que Ayuso considera necesario el nombramiento de un fiscal antidroga en Jerez, que controle Sanlúcar; y otro anticorrupción en el Campo de Gibraltar, por los escándalos urbanísticos.

Precisamente, en la construcción de viviendas ilegales, la fiscal jefe asegura también que falla la conciencia social y la de los responsables políticos. "Aquí se tiene la idea de que todo lo que se construye es legalizable y eso es peligrosísimo. Algunos ayuntamiento alientan incluso esa idea. Hemos tenido casos de personas encausadas que han presentado en su descargo oficios firmados por el propio alcalde señalando que el Ayuntamiento ha hecho 'estudios previos' en los que esos terrenos serían edificables. Son papel mojado, pero la gente los usa".

La gravedad de la situación tiene otras esquinas políticas: "En este momento, tenemos abierta una causa de prevaricación contra una concejala que concedió licencia de luz y agua provisional para una vivienda ilegal. Y no descarto llamar al alcalde de esa población como testigo", cuenta Ayuso, que califica la construcción ilegal como "una bolsa de mal hacer". Y con eso se refiere, por ejemplo, a la alta siniestralidad en esas obras, puesto que no se cumplen las condiciones de seguridad: "Además, al ser ilegales, las casas están muy mal hechas, y cualquier día vamos a tener una gran desgracia", opina.

Sobre la droga, Ángeles Ayuso expresa una opinión desoladora: "La provincia de Cádiz vive en este asunto un desorden social y moral importante, y el ejemplo es esa chavalería que considera que se puede vivir estupendamente del tráfico ilegal". Y otra conclusión definitiva: "La justicia penal tiene que cambiar profundamente; tal vez por venir de una dictadura somos un país acomplejado y ultragarantista. Y por eso se pierden muchas actuaciones; el pueblo no entiende ciertas anulaciones. La justicia nace del pueblo y la tiene que entender la sociedad".

Un asunto en el que ella tiene mucho que decir es la posible petición de la revisión del llamado 'caso Ricardi', en el que supuestamente hay una confusión a la hora de condenar y encarcelar a una persona por violación. Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva ("la tomaré antes de que acabe este mes", dice), se muestra claramente partidaria de no solicitar la revisión: "No veo ninguna confusión con los culpables, ningún error judicial, la sentencia que condenó a Ricardi era escueta y contundente". El informe policial que habla de una confusión en el condenado es para Ayuso "sólo una opinión".

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