La Guardia Civil investiga desde el pasado mes de marzo la utilización ilegal de la galería de tiro existente en la Jefatura de la Policía Local de San Fernando por parte de un centro privado, dedicado a la formación del personal de seguridad.

A raíz de una denuncia cursada ante la Comandancia de Cádiz, el negociado de Intervención de Armas y Explosivos instruye un expediente por el uso de estas instalaciones municipales sin la correspondiente autorización por parte de alumnos de la Academia Premier, un centro isleño dedicado a la formación de vigilantes de seguridad y escoltas.

Las existencia de irregularidades, según fuentes consultadas por este periódico, habría sido constatada al examinar la documentación relativa a las licencias para acceder al título de vigilante jurado a través de un curso impartido por la citada academia.

Según las investigaciones en curso, los ejercicios de tiro para el adiestramiento de los alumnos de esta academia privada se habrían llevado a cabo con el visto bueno de responsables de la Policía Local. De ahí que desde la Comandancia se haya dado trámite de audiencia al Ayuntamiento isleño para que aclare la utilización de estas instalaciones municipales para prácticas indebidamente autorizadas .

A través de un oficio remitido por la Guardia Civil el pasado día 2 -y dirigido al alcalde de San Fernando- se da un plazo máximo de quince días para que informe al respecto.

El Instituto Armado intenta también aclarar qué tipo de armas y munición han empleado los alumnos de este centro de formación privado durante las prácticas de tiro desarrolladas en la Jefatura de la Policía Local.

Así, reclama al Ayuntamiento que aporte las fechas concretas en las que se llevaron a cabo estos ejercicios con fuego real y la relación y titularidad de las armas empleadas (marca, modelo, calibre y número de serie).

También le exige que informe de la cantidad, calibre y propiedad de la munición que se ha utilizado en las prácticas. Y, por último, le pide que identifique al personal de la Policía Local -o de otro organismo o entidad- que se ha encargado de dirigir las líneas de tiro y de su homologación como instructor de tiro de seguridad privada.

Según el Reglamento de Armas (artículo 149), la realización de este tipo de ejercicios por parte de personal civil requiere la autorización previa del subdelegado del Gobierno. Existe además obligación de solicitar dicho permiso con al menos quince días de antelación y de facilitar los datos acerca del tipo de armas a utilizar y de las medidas de seguridad a adoptar. Y dicha solicitud no se ha cursado en ningún momento, según la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de San Fernando, por su parte, ha abierto su propia investigación para aclarar lo ocurrido, puesto que no solo se trataría de la realización de prácticas de tiro no autorizadas sino también de la utilización de unas instalaciones municipales por parte de una empresa privada y con fines lucrativos (un curso de vigilante de seguridad impartido por este centro ronda los 350 euros, según informa su página web). Tampoco el Consistorio cuenta con ningún convenio o acuerdo de colaboración con la citada empresa para la utilización de la galería de tiro.

Aunque el asunto se maneja con absoluto sigilo, se sospecha de la posible relación laboral de uno de los funcionarios de la Policía Local con la citada academia, en la que impartiría clases para la formación de guardias de seguridad y escoltas. Se desconoce también durante cuánto tiempo se habrían estado realizando estos ejercicios.

El Gobierno municipal ha puesto al frente de su investigación a dos funcionarios de la propia Policía Local -entre ellos, a José Cano, el segundo de abordo- para que aclaren lo ocurrido y recaben toda la información que reclama la Guardia Civil.

El jefe de la Policía Local, José Suraña, confirmó ayer la investigación en curso y afirmó que desconocía por completo la utilización de la galería de tiro por parte de la academia. "Los hechos se están investigando. Hay diligencias abiertas y se sancionará a los responsables", afirmó. "En todo caso -puntualizó- se trata de una sanción administrativa".

También la directora de la academia, Carmen María Rodríguez Martínez, aludió a las investigaciones en curso por parte de la Guardia Civil y rehusó hacer declaraciones a este periódico.

Por otro lado, el equipo de gobierno ha evitado pronunciarse sobre el tema si bien ha afirmado que desconocía los hechos y que lo ocurrido está siendo investigado.