El secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz, Francisco Menacho, ha pedido este viernes al PP que aparte "cautelarmente" de sus funciones al alcalde de San José del Valle y diputado provincial de Desarrollo y Bienestar Social, Antonio García Ortega (PP), por su imputación en un presunto delito continuado de prevaricación "tras haber otorgado casi medio centenar de licencias urbanísticas con el informe contrario del secretario del Ayuntamiento".

Según ha informado el PSOE en un comunicado, el alcalde y diputado provincial del PP tendrá que ir "próximamente" a declarar al Juzgado número Cuatro de Jerez "adonde la Fiscalía anticorrupción ha derivado el caso tras la denuncia de los hechos efectuadas por los socialistas en mayo de 2011". Pero además, según el PSOE, Antonio García Ortega puede enfrentarse "a un delito de desorden medioambiental puesto que los graves hechos, una concatenación de licencias otorgadas contra el criterio del secretario general desde el año 2008, están puestos en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente".

Menacho, que ha acompañado en rueda de prensa al portavoz municipal socialista en San José del Valle, Antonio González Carretero, para informar sobre el caso judicial ha pedido al PP que "siempre está pidiendo la dimisión de cargos públicos a todas horas que tenga la misma vara de medir". "La alcaldesa de Cádiz cuando lloró el otro día en el Pleno dijo una cosa en la que estoy de acuerdo y es que hay que empezar a respetar la dignidad de las personas, pero todos tenemos familia, y cuando algún cargo público sea condenado proceder a la reprobación pero cuando una persona está imputada ya no por un hecho aislado, sino reiterado y abundante como este caso, y contra el informe de todos los órganos locales, mientras no se aclaran las responsabilidades en las que haya podido incurrir, un cargo público que está llamado a declarar no debe seguir de alcalde ni diputado provincial ni un minuto más", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz municipal de San José del Valle y próximo diputado provincial ha asegurado que San José del Valle "no puede estar gobernado por una persona que presuntamente ha cometido un delito de prevaricación continuada en 44 casos". Así, ha explicado que "desde 2008, año en que García Ortega accede a la Alcaldía, se dedica a otorgar permisos urbanísticos que llevan a un desorden advertido por los distintos secretarios que han pasado por el ayuntamiento".

Según ha descrito, se trata de "construcciones ilegales encima de arroyos, licencias fuera de la unidad de ejecución del PGOU actual, licencias de obra y permisos de construcción donde no se puede construir, hasta 44 expedientes en cuestión". "A día de hoy seguimos trasladando todo aquello que es ilegal y que el secretario advierte sobre su ilegalidad, porque es lo grave en este asunto que, a pesar de la advertencias técnicas, el alcalde da las licencias, recrimina.

"No podemos permitir que San José del Valle se convierta en la Marbella del siglo XXI, ni en el Benidorm de los ochenta", ha advertido criticando que "no entendemos que una persona del PP pueda estar gobernando estando implicado en casos de presunta corrupción urbanística". "En todos los casos, entendemos que tenemos que hacer lo que debemos y creemos en lo que hacemos, por eso denunciamos y no se nos puede exigir a los socialistas que demos rédito de lo que hacemos, cuando ellos mismos están haciéndolo muchísimo peor con caso día sí y día no de presunta corrupción", ha señalado.

CASO BAHÍA COMPETITIVA

Por otro lado, Menacho ha respondido al presidente provincial del PP, Antonio Sanz, tras anunciar que pedirán la dimisión de la gerente provincial de Idea en Cádiz, Rosa Mellado. Menacho ha aclarado que "no es ningún cargo político, es una técnico que lo que hizo fue denunciar las irregularidades que había detectado y que denunció a la comisión de blanqueo de capitales del Banco de España, al servicio de delitos económicos de la Fiscalía de Sevilla y al Ministerio, ya que se trataba de ayudas del programa de Reindustrialización". 

Menacho ha establecido diferencias entre los dos casos, "una persona a la que se le advierte y a sabiendas de que es ilegal lo hace, y otra persona que detecta una irregularidad y lo pone en conocimiento de la Justicia". "La gerente de Idea, garantizo que saldrá limpia de este proceso porque ante una irregularidad lo que hizo fue denunciarla en el Banco de España, en la Fiscalía y en el Ministerio, mientras que el alcalde tendrá que defenderse de por qué con los informes en contra del secretario ha hecho lo que ha hecho", ha apuntado.