A las tres de la tarde de ayer se producía la firma del armisticio entre los sectores griñanista y crítico del Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz. La apertura de expedientes disciplinarios bajo amenaza seria de expulsión terminó por convencer a cinco de los seis diputados críticos de que era mejor claudicar ante Irene García que mantener el pulso contra toda la dirección provincial y regional. De esta manera, y en consonancia con el preacuerdo cerrado la noche anterior, Gemma Araujo, Alfonso Moscoso, Olga González, Federico Pérez Peralta y Javier Pizarro terminaban rubricando ayer, después del pleno, el documento por el cual el Grupo Socialista designa a la alcaldesa de Sanlúcar y secretaria general del PSOE de Cádiz como nueva portavoz en sustitución de José María Román, que es el único que se mantiene al margen de este acuerdo por decisión propia.

Las consecuencias de esta tregua parecen claras: la ejecutiva provincial, por un lado, aprobará en su próxima reunión dejar sin efecto los seis expedientes disciplinarios abiertos a los diputados críticos (incluido supuestamente también el de Román) mientras que, por otro, la dirección del partido en Cádiz pasará a tener el control del Grupo Socialista en la Diputación. Así, Irene García se convertirá casi de manera inmediata en la nueva portavoz, con un sueldo neto aproximado de 3.300 euros al  mes que se ahorrará el Ayuntamiento sanluqueño. El alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, relevará al algecireño Diego Sánchez Rull como portavoz adjunto, un puesto con una remuneración mensual aproximada de unos 1.600 euros.

En cuanto a los cuatro cargos de confianza con que contaba el grupo se da por hecho que el ex parlamentario andaluz Ismael Vaca, actualmente de baja médica, será relevado por la secretaria provincial de Organización, Isabel Armario, mientras que se desconoce el futuro que le aguarda a los otros tres, que son los secretarios generales respectivos de las agrupaciones socialistas de Cádiz y Conil, Fran González y Eva Leal, y el periodista Juan Ramón Aramburu.

Y pese al mutismo oficial sobre el tema, también se da por hecho que será el propio partido, desde su sede provincial, el que a partir de ahora controlará directa e íntegramente la asignación que el Grupo Socialista recibe como tal de la Diputación y que está cifrado en 28.000 euros.

Hasta ahora, parte de ese dinero se dedicaba a pagar la nómina de una quinta liberada, la nueva secretaria local del PSOE de Chiclana, Cándida Verdier, que perderá casi de inmediato tal condición. José María Román, por su parte, se quedará con la asignación de 1.400 euros que le corresponden como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Chiclana, aunque no se descarta que retome su profesión de docente.

Ayer la ejecutiva provincial socialista mostraba su satisfacción por la firma de un acuerdo que, al menos en teoría, dará algo de tranquilidad a un partido claramente dividido en la provincia. Desde el sector crítico, por su parte, se señalaba que el consenso pudo ser posible "porque la dirección del partido en Cádiz cayó en la cuenta de que en este partido todo se soluciona dialogando y no imponiendo".

Quien no podía disimular su frustración era José María Román, que ayer ejerció por última vez como portavoz socialista en el pleno en el que se debatieron los presupuestos de la Diputación. Ya por la tarde Román dejaba claro que "por coherencia" jamás firmará el documento a favor de la designación de Irene García como su relevo. "Hacerlo sería ir en contra de mis principios. Yo no valoro la actuación de cada cual pero si he llegado hasta aquí ha sido porque estoy en contra de la forma de proceder de mi partido, que me ha tratado de manera indigna, y ahora ni quiero ni puedo cambiar mis convicciones". Román, que dejó claro que él no ha renunciado a la portavocía "sino que me han echado", mostró sus dudas sobre la posibilidad de que el partido dé carpetazo también a su expediente. "No sé qué es lo que van a hacer pero lo que está clarísimo es que a mí nadie me va a callar", sentenció.