En la Memoria de 2006, el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, llegaba a decir que no resultaba exagerado afirmar que la ordenación del territorio estaba "fuera de control" en la provincia. Un año después, la situación incluso parece haber empeorado, con una "sofisticación" de la corrupción urbanística. Éste es el aspecto más llamativo del resumen de la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007 que El País publicó en su edición de ayer.

Una memoria en la que, según el rotativo nacional, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de toda España, Antonio Vercher, solicita al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reforme el Código Penal para poder perseguir a los alcaldes que no reserven el 30% del suelo a VPO (Viviendas de Protección Oficial), como marca la Ley del Suelo de 2007.

Volviendo a la "sofisticación" detectada en la provincia gaditana, de modo textual la memoria, se apunta en el diario, recoge que "en Cádiz se ha observado un progresivo aumento del carácter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo probablemente al amparo de la generalizada sensación de impunidad, y han aflorado conductas delictivas que por su carácter complejo y organizado van más allá de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".

Porque, según ha podido comprobarse, la ilegalidad urbanística ya no consiste en la construcción particular de un chalé en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, sino que se trata de grandes construcciones con aval de arquitectos, ayuntamientos, y entidades bancarias, entre otros.

La colaboración municipal sigue siendo una asignatura pendiente en buena parte de España y en especial en la provincia gaditana. La Memoria de este pasado ejercicio, pues, pone de nuevo en la picota, como ya hizo el pasado año, a los ayuntamientos gaditanos . Los comentarios al respecto que El País destaca no tienen desperdicio: En Cádiz "la actuación de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que sería de desear. Ya no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de las construcciones (...) sino como una palmaria dejación de las facultades de inspección previa, de sanción y de restablecimiento de la legalidad".

La Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, que ocupa un total de 75 folio, destaca que en la totalidad del territorio español las condenas han pasado de 302 en 2006 (148 por urbanismo) a por lo menos 414 en 2007 (190 de ellas por urbanismo). Esto supone un aumento cercano al 40% en el que ha sido el segundo año de funcionamiento de la Fiscalía de medio Ambiente. Para próximos ejercicios ya se apunta a una segura disminución motivada por la crisis del sector de la construcción.

Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, cuya memoria del 2006 el fiscal general del Estado tildó de "magnífica", ha sido pionera en lograr sentencias de demolición de construcciones ilegales por parte de los juzgados gaditanos.