Cuando Diario de Cádiz habla con Juan José Sánchez Romero, este se encuentra inmerso en la búsqueda de solución para un nuevo caso de desahucio en Chiclana. Una pareja y su hija se han encontrado al llegar a su casa, ubicada en la zona del Florín, tras un viaje que se le había cambiado la cerradura del chalé y que la entidad bancaria que le reclama el dinero de la hipoteca ha tomado posesión de la misma. 

"Según el banco la deuda se eleva a 100.000 euros. El problema que nos hemos encontrado al llegar al juzgado es que el expediente de este desahucio está en un juzgado de Madrid; y aquí estamos ahora, intentando buscar una solución", se lamenta Sánchez Romero. 

En todo caso no es éste ni el primer ni el último caso de desahucio que ha visto en Chiclana. Al fin y al cabo él preside la Asociación de Afectados por la Hipoteca, que desde hace unos meses está metida de lleno en la ayuda a las familias que, incapaces de hacer frente a los pagos exigidos por las entidades crediticias, acaban en la calle o están bajo amenaza de quedarse sin vivienda.

La entidad está colapsada. Junto a los casos que llevan directamente, no solo en Chiclana sino en toda la provincia, reciben cada jornada una media de tres o cuatro llamadas de familias desesperadas a las que hay que atender. Y todo ello, o por lo menos buena parte de ello, se podía solventar, consideran, con un cambio radical en la Ley Hipotecaria. 

Sin embargo, tanto desde el Gobierno como desde el principal partido de la oposición, el PSOE, aunque se es consciente de que es necesario adoptar medidas que suavicen esta situación no se llega a plantear una medida de este calado. Sí, por contra, se ha acordado la elaboración de un real decreto que incluya una serie de medidas.

Está previsto que este mismo lunes representantes de las dos formaciones se reúnan para concretar estos cambios, siguiendo la línea de lo acordado el pasado miércoles por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicepresidenta general del PSOE, Elena Valenciano. El decreto se centrará, presumiblemente, en las familias que estén en situación más vulnerable, las que tengan niños y mayores a su cargo y a las situaciones de especial vulnerabilidad. El Gobierno agilizó el pasado viernes todos los trámites para cerrar un acuerdo con los socialista tras conocerse el suicidio de una mujer en Baracaldo cuya familia tenía sobre ella una amenaza de desahucio.

No es la única trágica víctima de este nuevo capítulo de la quiebra del Estado del bienestar, pero desde el Gobierno se pretende que sea la última y las medidas que adopte suavicen la Ley Hipotecaria, sobre todo cuando la propia Unión Europea ha criticado en estos días la dureza de esta legislación.

Todo ello no convence a las asociaciones ciudadanas que apoyan a los afectados por los desahucios. En este sentido, Juan José Sánchez es rotundo: "Ni el PP ni el PSOE han tenido en cuenta la opinión de las asociaciones. La única solución es una reforma sustancial de la Ley Hipotecaria, que ninguno de los dos partidos se ha atrevido a modificar y que lo único que hace es proteger a la banca mientras que los que salen perjudicado son los hipotecados. Los dos partidos rechazan la dación en especie o la paralización de todos los procesos abiertos".

Y todo ello en un año, el de 2012, que está siendo especialmente negro en cuanto al número de desahucios que se están llevando a cabo.

Los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial son más que elocuentes. En el primer semestre de este año se han solicitado ante los juzgados de la provincia un total de 1.053 desahucios, lo que supone un incremento espectacular, cifrado en un 63%, respecto al mismo periodo del año pasado. El primer trimestre se llegaron a 507 y el segundo ya alcanzó los 534. Y se teme que la cantidad aumente de forma considerable en el segundo semestre del año por cuanto la situación económica de las familias gaditanas sigue en caída libre, con más de 200.000 personas en el desempleo y con más de 65.000 que sobreviven gracias a la ayuda de entidades benéficas. El temor es que los datos finales de 2012 acaben duplicando los de 2011 hasta alcanzar cifras nunca conocidas.

Los datos de desahucios son aún más alarmantes si lo comparamos con 2008, cuando comenzó la crisis, que cerró el ejercicio con 614 casos; otros 665 fueron en 2009 y se llegaron a poco más de un millar en 2010. Con ello, en apenas cinco años los juzgados de primera instancia de lo civil han triplicado su carga de trabajo por este motivo.

Afirma Juan José Sánchez que la zona de la Bahía de Cádiz es la más afectada por los desahucios, y dentro de ella Chiclana. La Asociación de Afectados calcula que en esta ciudad se recibe al menos uno al día de desalojo mientras que para el conjunto de la provincia esta cantidad puede alcanzar las cinco o seis cartas de aviso por jornada, aunque el proceso de desalojo se pueda alargar después durante meses.

En Cádiz capital, donde la falta de suelo ha evitado una construcción desmesurada y, con ello, un impacto en la economía de los hipotecados, el gran problema es la persistencia de un elevado número de fincas vacías. En todo caso, desde el Grupo de Vivienda del 15-M, uno de los colectivos más activos en el apoyo a los que sufren amenazas de desahucios, Luis Pérez también critica la continuidad de la "caduca" Ley Hipotecaria y, también, duda de la efectividad del encuentro entre el PP y el PSOE. Más aún, se teme, que acciones como la creación de un banco malo "acabe finalmente favoreciendo a la entidades bancarias y afectando, una vez más, a los ciudadanos".

Pendiente de lo que decidan el Gobierno y el PSOE, la Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha algunos mecanismos de ayuda a estos colectivos ciudadanos. Hace un mes, el pasado 8 de octubre, comenzó a funcionar una oficina de intermediación contra los desahucios, desde la que se trabaja ya en el asesoramiento y apoyo a estas familias.

En menos de un mes de trabajo se han atendido ya más de cuarenta casos. Los puntos de procedencia son muy variados aunque especialmente se localizan en la Bahía y Jerez. Pero también han acudido desde Arcos, Paterna, Alcalá del Valle, Trebujena, Medina. Destacan los ocho casos analizados en Puerto Serrano, localidad de la Sierra, una comarca que está sufriendo con especial dureza la crisis, a la que el equipo de la oficina se trasladó tras una petición realizada en este sentido por su Ayuntamiento.

Del trabajo realizado por esta oficina ya se han logrado avances positivos en algunos de los casos tratados. Así, en tres de ellos se han conseguido para los afectados alquileres sociales, mientras que en otros dos lo adeudado se ha solventado mediante una dación en pago. Igualmente se ha logrado aplazar alguna de los desahucios previstos. Para ello, los técnicos de esta oficina se han llegado a poner en contacto con las entidades financieras implicadas en estos problemas. Aunque en algunos casos se han constatado lo difícil que es localizar a interlocutores en las entidades crediticias, en otras sí se ha obtenido una respuesta positiva a la llamada al diálogo.

El trabajo de esta oficina se apoya sobre tres ámbitos. El primero busca la prevención como momento ideal para el asesoramiento tanto antes de la firma de una hipoteca como antes de que la familia afectada decida de dejar de pagarla ya que se considera que lo ideal es entablar una negociación con el banco. En todo caso, lo más habitual es actuar sobre casos de desahucios ya iniciados. Se abre así un proceso de intermediación en el que esta oficina, que depende de la Consejería de Obras Públicas, intenta negociar con los bancos y buscar alternativas. Como último paso y si los afectados se han quedado sin vivienda, se busca que no se queden en la calle e incluso que residan en la propia casa de la que han salido desalojado pagando un alquiler social.

"Aquí llega mucha gente desorientada, sin conocer una normativa que en todo caso deja muy pocas opciones para actuar. No saben ni que pueden tener un abogado de oficio", destaca la Junta.