La Asociación pro Derechos Humanos en Cádiz (APDH) ha realizando un trabajo de campo para conocer quiénes son las mujeres inmigrantes que limpian las casas de los españoles. Para ello, se han basado en 15 entrevistas con mujeres de distinto perfil y nueve nacionalidades distintas para sacar unas conclusiones, aún provisionales, que nos hablan de mujeres de 33 a 50 años, casadas, con hijos, que han logrado un reagrupamiento familiar tras echar muchas horas. En algunos casos, estas mujeres han sido maltratadas, incluso físicamente, por su empleador.

En el informe preliminar, los autores explican que "de los testimonios se observa una tendencia a abusar de los derechos de la empleada, poco a poco, imponiéndole tareas, normas y restricciones que no se han acordado, apoyados en la sumisión de la empleada a aceptar cualquier tarea de la empresa".

El estudio explora su condición de inmigrantes, que "las coloca en una posición de aislamiento y, por tanto, la vulnerabilidad conduce al servilismo y docilidad, las características ideales para el sector doméstico informal".Tal y como indican desde la empresa mediadora Interempleo, se observa un progresivo retorno de las mujeres españolas al servicio doméstico, aunque este hecho palpable no se refleja en los datos de la Seguridad Social, lo que, según APDH, "da la pauta de que el servicio doméstico sigue siendo actividad de economía sumergida pese a las últimas modificaciones legislativas".

Este regreso produce una mayor competencia entre nacionales y extranjeras y en ella son las segundas las que salen perjudicadas. "Es cierto que el perfil que más se solicita en la actualidad empieza con la petición de que, a ser posible, sean españolas", reconoce Miguel Ángel Romero, gerente de Interempleo. "Se observan situaciones de diferencia jerárquica dentro del desarrollo del trabajo (empleadas españolas que mandan sobre las inmigrantes) y en el caso de preferir extranjeras, se hace porque una empleada extranjera en el imaginario popular se quejará menos", explica el informe.

APDH ha resumido en cuatro puntos las principales violaciones de sus derechos que sufren estas trabajadoras inmigrantes: "1. Inexistencia de un contrato de trabajo legal que se traduce en una elevada inseguridad: la continuidad del empleo depende absolutamente de la voluntad del empleador. 2. Insuficiencia de los ingresos salariales. La condición de inmigrante de las mujeres que realizan este tipo de trabajo acentúa esta dimensión de la precariedad: con la crisis y el hecho de que tienen que mantener una familia enviando remesas a sus países de origen hacen que estén dispuestas a aceptar un sueldo bajo. Saben que no lo pueden negociar porque el empleador siempre encontrará alguien con una situación más frágil dispuesta a realizar el trabajo a un coste menor. 3. Degradación de las condiciones de trabajo. Un mayor control de los empleadores en la fijación de las condiciones de trabajo y un menor (o casi inexistente) control legal y sindical. 4. Reducción de la protección social; tanto a la acción del empleador como a la insuficiencia de cobertura de los organismos públicos".

Todo apunta, dentro de lo difícil que es aproximarse a esta actividad subeconómica , a un desequilibrio en el que se hunde la demanda y se dispara la oferta, lo que pone esta actividad al pie del paternalismo. Y de él dice el investigador Macario Alemany que es "una modalidad del autoritarismo, en la que una persona ejerce el poder sobre otra combinando decisiones inapelables con concesiones graciosas". No creo que a muchos andaluces esta definición les resulte demasiado lejana.