La macro operación de la Guardia Civil contra el cobro fraudulento de prestaciones por desempleo y ayuda familiar dada a conocer en rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, anteayer, no ha empezado con buen pie en las instancias judiciales. De las 91 personas que los agentes tenían previsto detener, de entre los algo más de tres centenares de implicados, sólo una ha sido puesta a disposición judicial. Se trata del que se configura como principal implicado de la vasta trama, uno de los hermanos 'Picones' de Jerez, J.R.C.P., quien, pese a ser supuestamente responsable de un fraude que las autoridades laborales ya vaticinan que sobrepasará los cinco millones de euros, se halla ya en la calle. Y sin haber abonado fianza alguna,

Según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, a pesar de que la causa estaba siendo instruida por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Jerez, finalmente no ha sido esta magistrada la que tomó declaración al principal implicado. Se hizo cargo de esa toma de declaración la juez de guardia, la sustituta al frente del Juzgado de Instrucción Número 3 de Jerez.

El detenido fue conducido hasta la juez anteayer, al mismo tiempo que el subdelegado se hallaba presentando la macro operación en la Comandancia de la Guardia Civil con responsables de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo, al rebufo del reciente Plan contra el Fraude del Gobierno del PP.

J.R.C.P. se negó a declarar. Y la juez de guardia no estimó oportuno convocar la vista de prisión, decidiendo finalmente dejar al arrestado en libertad.

Con posterioridad, la Guardia Civil remitió una información amplia sobre todo el operativo a la Fiscalía de Cádiz, donde estudian ahora si procede solicitar que el principal implicado sea enviado a prisión o bien se le impongan medidas cautelares económicas, en suma, una fianza que garantice las posibles responsabilidades en las que haya podido incurrir. La fiscal jefe, Ángeles Ayuso, ya ha designado para que lleve el caso a un fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Javier Yagüe.

Poco a poco, van saliendo a la luz otros detalles de una investigación que arrancó en abril del año pasado, a raíz de las denuncias que recibió la Benemérita en Arcos de empresas que denunciaron haber sido engañadas utilizando como garantía nóminas y documentos que resultaron ser falsos. Y es la localidad de Jerez la que habría sido el principal escenario de este supuesto fraude masivo del que se habrían beneficiado, además de los cabecillas, consiguiendo distintos beneficios, los 261 falsos trabajadores cuyas altas ya han sido anuladas por la Seguridad Social.

El bar fantasma que se anunció que llegó a dar de alta a 35 personas sucesivamente, existe. Se trata de un bar llamado Estoque, emplazado, no en una pequeña localidad de la Sierra, sino en Jerez, en la calle Infancia. Un establecimiento que lleva cerrado varios años.

El segundo bar al que los tres principales encartados, los dos hermanos Picón de Jerez y un primo suyo, de Ubrique, también acabaron utilizando para las altas de trabajadores inexistentes también se halla en Jerez, Se trata del Bar Amontillado, en la avenida del mismo nombre.

Aquí fue donde agentes de la investigación acudieron para comprobar si efectivamente allí trabajaban, como figuraba en la Seguridad Social, algunos de los imputados, y donde siempre recibían la misma respuesta. "Ha salido un momento, Ahora viene". Y por último, también usaron como tapadera otro tercer bar, igualmente en Jerez, de nombre Pelotazo, emplazado en el Pago de San José.

Los vehículos de alta gama que supuestamente adquirían con los beneficios obtenidos por lograr subsidios de desempleo (tras apuntarlos a la Seguridad Social para que sumaran el tiempo preciso para optar al paro) a los 'clientes' de la trama eran en su mayoría Chevrolet, adquiridos igualmente en un concesionario de Jerez. Y en Jerez también se ubica la gestoría que habría ayudado a dar cobertura legal a todo el entramado. Sus responsables siguen siendo investigados con el objeto de poder recabar indicios y pruebas suficientes que puedan terminar sustentando una imputación o incluso detenciones.

En la rama ubriqueña, además del primo de los Picones, hay otra persona que habría jugado un importante papel. Se trata, según ha podido saber este diario, de un hombre que responde a las iniciales de J.L.C.V.

Este último y el principal imputado están dados de alta como autónomos y son los que habrían procedido a dar las altas indiscriminadas a los clientes captados. Para ello, había jugado un papel fundamental el primo de los Picones de Ubrique. Para beneficiarse del paro o las ayudas ilegales, no había tampoco que abonar ingentes cantidades. Algunos de los falsos trabajadores que optaron a ayudas únicamente pagaron 150 euros a la trama.

Y los testaferros, admitían figurar como administradores también por muy poco: en algunos casos, por dos botellas de licor, dinero para gasolina o copas.

La clave va a estar en lograr demostrar que era una banda organizada que cometió un fraude a gran escala.

En caso contrario, nos hallaríamos ante 'trampas' individuales de pequeña enjundia, insuficientes para alcanzar los 120.000 euros mínimos que la Ley establece para que el ilícito pueda ser considerado un fraude.