No es lo mismo, aunque  es más de lo mismo.  La Guardia Civil acaba de rematar otro golpe al urbanismo ilegal, de nuevo en Chiclana, que se configura primo hermano del asestado con  la Operación Obra Nueva. Ahora, la operación se llama Yate (por ubicarse varias casas ilegales en el camino de l mismo nombre, en la Saucedilla), y también  ha alcanzado  cifras mayúsculas.  38 personas han sido implicadas en una investigación  que el Equipo de Delincuencia Urbanística  de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz  inició en 2010, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción 3 de Chiclana, cuya titular acaba de levantar el secreto de sumario.  En este tiempo,  han acabado siendo imputadas 32 personas y han sido detenidas, en los compases iniciales, seis personas. Entre los arrestados,  destaca, cómo no, el arquitecto Joaquín Pallí Selga,  omnipresente en toda operación policial contra la especulación urbanística que se ha acometido en los últimos tiempos tanto en Chiclana como en El Puerto,  mecas del urbanismo ilegal en la provincia.

Otros tres de los detenidos son tres hermanos,  Óscar, Cristian y Raúl R.M., promotores; otro promotor más,  Francisco S.C.,  y un supuesto testaferro de  la trama,  Juan de Dios A.H. Todos ellos  han sido acusados de supuestos delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal.  Entre la treintena de imputados, figuran otros promotores, constructores, más arquitectos, tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobilaria, agentes colaboradores de entidades financieras, testaferros y  particulares.

Los agentes iniciaron las pesquisas  tras detectar que varias empresas inmobiliarias se dedicaban a comprar suelos en los que el PGOU de Chiclana  prohibe los usos residenciales, con objeto de dividirlas en parcelas para venderlas por separado. Ahí entraba en acción el arquitecto de turno, mayoritariamente Pallí, firmando certificados falsos de  viviendas inexistentes de antigüedad superior a los cuatro años, los célebres  certificados de obra nueva. Con estos certificados, tras ser visados por el Colegio de Arquitectos, los promotores/constructores lograban que los notarios autorizaran en escrituras públicas las declaraciones de obra nueva, A renglón seguido, hacían la división horizontal de las supuestas viviendas, inscribiéndolas  ya en el Registro de la Propiedad de Chiclana.

Sólo quedaba ya pedir la nota simple de la parcela que pretendían vender, explican desde la Guardia Civil, "para convencer a los compradores de que estaba en regla y para utilizarla en Notaría como documentación registral del bien  que se vendía". Las parcelas se anunciaban en las inmobiliarias, y a los compradores se les vendía con casa construida o sin ella. Si hacía falta dinero para comprar y construir, los agentes financieros implicados gestionaban los préstamos hipotecarios. El círculo  vicioso continuaba de la mano de los tasadores que actuaban en connivencia con la trama, quienes, ante la inexistencia de casa, tasaban otra construida como garantía.

La investigación de los agentes ha constatado que para  burlar la ley, la trama había urdido un entramado de sociedades interpuestas y testaferros, para no figurar ellos en los papeles. Mataban así dos pájaros de un tiro porque  lograban  eludir sanciones del Ayuntamiento y reclamaciones de Hacienda por el impago del impuesto de sucesiones patrimoniales al colocar como testaferros a personas insolventes.

El lucrativo negocio de los hermanísimos,  con 3,6 millones de euros en ventas

En la trama desmantelada ahora  por la Guardia Civil en un nuevo operativo contra el urbanismo ilegal en Chiclana,  según fuentes consultadas por este diario, habrían jugado supuestamente un papel fundamental los 'hermanísimos'.  Tres hermanos, Óscar, Cristian y Raúl R.M.,  todos ellos promotores y que parecen estar al frente de un lucrativo negocio inmobiliario.

Raúl  es administrador único y apoderado de Promociones Cailsur S.L., con domicilio social en la calle Paciano del Barco de Chiclana, con unas ventas declaradas de más de 3,6 millones de euros. Esta inmobiliaria, hace sólo dos años, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria,   ofertaba un bungalow de 137 metros cuadrados construidos, en una parcela inferior a 3.000 metros,  radicada, según se publicitaba en internet, "en la loma de Sancti Petri, en la playa", por casi 410.000 euros.

Los otros dos hermanos, Óscar R.M. y Cristian  R.M., figuran ambos como administradores mancomunados de la empresa Construcciones y Estructuras Talín y Ramírez S.L. La firma, con domicilio en la calle Las Conchas, tiene como objeto social, no sólo la construcción de edificios, sino también "la programación, desarrollo, ejecución y explotación de toda clase de negocios inmobiliarios rústicos y urbanos", tal  como consta en la información extraída por este diario del Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, Borme.