Provincia de Cádiz

La Apdha denuncia que la Junta deja sin abogados de oficio a 4.390 presos

  • Acusa al Ejecutivo andaluz y a Interior de abandonar a 16.292 personas en la comunidad

Las 4.390 personas que cumplen condena o que permanecen a la espera de juicio en los cuatro centros penitenciarios y el Centro de Inserción Social (CIS) existentes en la provincia de Cádiz se quedarán esta semana sin abogados de oficio, según denunció ayer la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) a través de un comunicado. Durante el año pasado, los profesionales de estos servicios atendieron a 1.100 internos en la provincia de Cádiz.

En la comunidad autónoma son 16.292 los reclusos de trece centros penitenciarios ordinarios y seis CIS los que dejarán de disfrutar del amparo de los Servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP). "Han sido suspendidos debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio", explica la Apdha en el escrito. La administración autonómica comunicó la suspensión a los Colegios de Abogados el pasado 17 de abril. 600 personas aguardan ya para una cita. Ante esta situación, el colectivo entiende que son más de 16.000 las personas "abandonadas y maltratadas por ambas administraciones" por el enfrentamiento que mantienen ambas.

La Apdha aclara que algunos colegios cortaron la asistencia de inmediato y otros lo hicieron el 30 de abril, "por las dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta para ahorrar costes". La única excepción es el Colegio de Abogados de Málaga, que lo mantiene hasta el próximo lunes, en el que tiene previsto tomar una decisión.

"La Administración Autonómica, que tanto critica los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico", argumenta el colectivo.

El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición y recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como trabajo, sanciones, libertad condicional y permisos de salida, entre otras prestaciones.

El colectivo lamenta que Interior haya llegado a señalar que las personas presas "no quedan desatendidas, ya que los centros penitenciarios disponen de un cuerpo de juristas al que pueden acudir los internos". La Apdha considera "burda" esta explicación, por la evidente sobrecarga que padece ese cuerpo.

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