Las puertas de la perrera de la empresa El refugio S.L. -antigua Verde 6- situada en Puerto Real, cerradas cautelarmente por orden judicial tras la apertura de un proceso penal por un presunto delito de maltrato animal continuado, volverán a abrirse, pero las eutanasias serán vigiladas por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La titular del Juzgado Mixto Número 2 de Puerto Real emitió recientemente un auto en el que ordena el levantamiento de la medida cuatelar de clausura con la condición de que los sacrificios de animales sean supervisados por miembros de la Benemérita, "en aras a que si se emplean paralizantes musculares, en todo caso, sea post morten y con técnicas que eviten en todo momento el sufrimiento de animales domésticos".

La jueza ha pedido también al Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz que deje sin efecto la inhabilitación decretada contra el veterinario titular y que se le notifique "cualquier queja o reclamación en relación con un posible maltrato de animal doméstico".

El auto del Juzgado Mixto Número 2 de Puerto Real emana de otro de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que estima el recurso de apelación interpuesto por uno de los responsables de la perrera contra las medidas cautelares adoptadas y que ordena tanto el alzamiento de las mismas como la inspección por parte de la Guardia Civil.

La Audiencia juzga "desproporcionadas en relación con el mal que se quiere evitar" tanto la clausura como la inhabilitación del veterinario titular para el ejercicio de su profesión. El cierre, porque, "como destaca el Ministerio Fiscal, el propio presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz se dirige al Juzgado por escrito participándole de cómo el cierre ocasiona un gravísimo perjuicio a los citados ayuntamientos". Y la inhabilitación, "por falta de apoyo probatorio" y por resultar "gravemente aflictiva". También critica la Audiencia que no se haya establecido límite temporal a ninguna de las dos medidas, cuyos efectos cautelares da por hechos con la mera apertura del procedimiento penal.

Este proceso, el primero que se abre en España por un presunto delito de maltrato animal continuado, sigue adelante con seis imputados, entre ellos el dueño y el veterinario ahora rehabilitado profesionalmente.