Dos años y medio mes. Este es el tiempo que ya ha transcurrido desde la espectacular Operación Toscana de la Guardia Civil que llevó a la cárcel, en febrero de 2010, a los dueños de la más importante cadena de clubes de alterne de la provincia, los Galán. Y la Justicia se resiste a cerrar la causa, pese a que, menos de un mes después, en marzo de 2010, los Galán volvieron al negocio, a día de hoy siguen imputados. Y ya se han cumplido los 18 meses desde que su abogado, José Luis Tellado, solicitó el sobreseimiento de las diligencias, sin que haya recibido aún respuesta alguna a dicha demanda, según ha confirmado a este diario el letrado.

La causa, admite el abogado, no ha llegado a pararse en ningún momento porque, de cuando en cuando, se produce "alguna diligencia intermedia". Las últimas, referidas a los requerimientos que ha hecho Hacienda al Juzgado, solicitando información a cuenta del célebre hallazgo del oficialmente medio millón de euros hallado por los agentes bajo el jacuzzi del patriarca, Juan Galán, en su casa de El Puerto.

Fuentes consultadas por este diario han admitido que, en base a las pruebas recabadas, no podrá proseguir adelante la acusación de los numerosos delitos que, a priori, los investigadores apuntaban. Eso sí, finalmente sí se prevé que, bien el patriarca o bien su hijo, el torero Juan Pedro Galán, que lleva personalmente las riendas de los negocios, tengan que acabar respondiendo por algunas de las declaraciones efectuadas por varias prostitutas, que habrían dejado entrever cierto control de la familia en sus 'pases' a clientes.

No obstante, los Galán en numerosas ocasiones, por boca de sus defensores e incluso por boca del propio Juan Pedro, han venido sosteniendo siempre que las mujeres que ejercen la prostitución en sus hoteles lo hacen con total libertad.

La Operación Toscana se desarrolló en la madrugada del 17 de febrero de 2010 con el objeto de intentar llegar al país donde se captaban a las mujeres que ejercían la prostitución en los hoteles Galantería, aunque eso no fue al final posible. Helicópteros y numerosos efectivos tomaron parte en el operativo en el que fueron detenidas 15 personas y se realizaron redadas simultáneas en los seis clubes de alterne de los Galán ( en los cinco den la provincia, en El Puerto, Conil, Jerez, Medina y Los Barrios, y en el sexto en Málaga, en Estepona), en los que había 98 mujeres ejerciendo supuestamente la prostitución. Se precintaron los hoteles y el juez de guardia de Chiclana envió a prisión a 7 de los detenidos, entre ellos, al patriarca y a su hijo el torero Juan Pedro Galán, imponiendo fianzas para el resto, entre ellos, a su mujer y a su hija.

Sólo 20 días después, una nueva juez en el Juzgado al cargo del caso, el de Instrucción 1 de Chiclana, excarceló a todos y devolvió las fianzas. Y poco después, a pesar de sostener de que "hay indicios de criminalidad y de que el consentimiento de las prostitutas está viciado", levantó el precinto emplazando a los ayuntamientos a vigilar que los clubes funcionaban como meros hoteles.

Los Galán reabrieron y siguen dedicándose a su negocio de siempre, "a alquilar habitaciones a mujeres que llevan a clientes", según su versión, aunque formalmente continúan imputados por favorecimiento de la prostitución, asociación ilícita y blanqueo de capitales o alternativamente delito fiscal, a cuenta del famoso medio millón.

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