"Se le ha tratado como a un delincuente, con la mayor dureza, cuando estaba colaborando con un colectivo que trabaja en la prevención de las drogodependencias entre los jóvenes, en la atención a quienes necesitan salir de ese mundo y en la denuncia pública y beligerante contra el narcotráfico en una de las zonas más activas de la provincia". Francisco Mena, presidente de Nexos, la Federación provincial de drogodependencias, adicciones, sida y patología dual, que aglutina a 18 asociaciones, todavía no sale de su asombro.

Hacía tiempo que en Nexos habían visto la necesidad de una asociación en la Costa Noroeste, donde la escalada del tráfico de drogas en los últimos tiempos hace sombra a la del Campo de Gibraltar. Habían coincidido con alguien "comprometido, íntegro, preparado y con la valentía suficiente para liderar una labor que entraña no pocos inconvenientes". Un cabo de la guardia civil con más de 20 años de servicio con destino en el puesto de Chipiona. Constituyeron con todos los parabienes legales una asociación -La Mandrágora-, la presentaron en público en tres localidades de la comarca y comenzaron a trabajar. Ni que decir tiene que sin recibir nada a cambio. Hasta que desde la Jefatura de la Compañía se propuso la apertura de un expediente por infracción del Régimen de incompatibilidades al que estan sujetos los agentes del Instituto Armado, según explicó José Encinas, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Resultado: desde la más rigurosa de las interpretaciones, la Dirección General aplicó la más dura de la sanciones: suspensión de seis meses y un día de empleo y sueldo. "El día equivale, inevitablemente, a la pérdida de destino", explicó Encinas. "Según el régimen de incompatibilidades, los guardias civiles, como los militares, no podemos ser miembros ni de una asociación ciclista", argumentó el dirigente de la AUGC. El colectivo va a recurrir la sanción que el cabo viene cumpliendo desde el pasado 23 de enero. Y Nexos le va a prestar todo el apoyo del que sea capaz, aseguró Mena.

"Con las asociaciones antidroga colaboran policías locales y nacionales. No vemos por qué no puede hacerlo un guardia civil, que, por su experiencia, puede aportar tanto en el terreno de la prevención de las drogodependencias como un agente de tráfico en un curso sobre seguridad vial", argumentaron los dos.

El cabo que quiso colaborar demanera desinteresada en la lucha contra las drogas sobrevive ahora con menos del 60% de su salario y se prepara para lo peor: un más que probable traslado a un destino muy lejos de su familia.