Aunque es gaditano (nació en Jerez pero reside en El Puerto) no ha sido hasta ahora cuando Javier de Torre, el nuevo subdelegado del Gobierno en Cádiz, ha podido conocer de primera mano la tremenda complejidad de una provincia que, por sus connotaciones geográficas, sociales y económicas, no tiene parangón alguno en el conjunto del Estado español.

En el mes escaso que lleva en el cargo, De Torre está desdoblando su trabajo para presentarse a los responsables de las diferentes instituciones de la provincia, para analizar el estado de los diferentes proyectos en marcha o en cartera dependientes de la Subdelegación y, de paso, para fijar las prioridades de futuro que precisa la provincia de cara a la próximo elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, algo que se espera que se dé a conocer dentro de aproximadamente un mes.

Entre esas prioridades estarán "sin duda alguna" la modernización de la vía férrea entre Algeciras y Bobadilla y, sobre todo, la obra del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz o tercer acceso a la capital gaditana, según confirmó el propio Javier de Torre en el transcurso de un encuentro informativo mantenido en la tarde de ayer en las instalaciones de Diario de Cádiz y en el que ejerció como anfitrión el director del periódico, Rafael Navas. En la que ha sido su primera entrevista desde su llegada al cargo, De Torre afirmó que la nueva ministra de Fomento, Ana Pastor, "está totalmente convencida de la importancia del segundo puente" y explicó que antes de reactivar los trabajos "es necesario que los técnicos analicen primero el porqué de los retrasos que se han producido, el estado real de las obras y los plazos que aún están pendientes de ejecutar".

Sobre los temidos recortes en inversiones que pueden quedar plasmados en los próximos Presupuestos Generales del Estado, el subdelegado opta por la prudencia. "Ahora estamos en la fase en la que se está terminando de nombrar a los directores y subdirectores generales de los diferentes ministerios, que serán los encargados de ver las cuentas reales. Después habrá que adoptar las medidas de déficit y ahí es donde se verá dónde se centran esos recortes", dijo.

No obstante, ya anuncia que en la Administración General del Estado se está analizando "absolutamente todo" para ver dónde se puede aplicar una reducción de gastos y pone como ejemplo que están siendo analizados todos los contratos con los suministradores para ver las ofertas más baratas y se está estudiando igualmente la Relación de Puestos del Estado (RPT) y la viabilidad o no de la amortización de plazas. Eso sí, afirma que la Subdelegación tiene muchos proyectos aprobados o pendientes "pero que carecen de financiación", ya que entiende que el Gobierno anterior "o gastó ese dinero para otros fines de los que estaban comprometidos o presupuestó más dinero del que finalmente recaudó". Y pone como ejemplo el anunciado Plan Viva para la Sierra de Cádiz "que es muy bonito pero que no tiene ni un solo euro para poder ser puesto en práctica".

Esta tarea de análisis profunda que se está llevando a cabo en todas las dependencias del Estado es una de las causas, según De Torre, de que el Gobierno de Rajoy no vaya a tener listos los Presupuestos hasta aproximadamente dentro de un mes. A su juicio, no hay intereses electoralistas en ello "porque si así fuera el Gobierno no habría presentado su proyecto de reforma laboral, algo que ha hecho ya porque con 5,3 millones de parados no se podía esperar más".

Sobre esta nueva reforma laboral que tanto rechazo sindical y político está provocando, De Torre, desde su opinión profesional como inspector de Trabajo, niega la mayor, es decir, que con ella se favorezca el despido. Es más, entiende que la mayoría de las medidas incluidas en la nueva normativa "buscan sobre todo frenar la destrucción de empleo", algo que considera que fue el lastre de la reforma anterior impulsada por el Gobierno de Zapatero.

Al respecto, considera que la desaparición de las categorías profesionales o la adaptación de los contratos a la situación coyuntural de cada empresa "son medidas muy útiles que evitarán que, como sucedía hasta ahora, el empresario tuviera que realizar cualquier ajuste por la vía del despido". Y es que él considera que existe una "visión atrasada" de que todo empresario sólo piensa en el despido "porque no es cierto y porque lo que el empresario busca siempre es conservar el capital que ha invertido en la experiencia y en la formación de los miembros de su plantilla".

Entre las preocupaciones principales que tiene el nuevo subdelegado se encuentra, por ejemplo, la conflictividad laboral que se viene incrementando y que posiblemente pueda ampliarse en los próximos meses. De momento, asegura que en lo que va transcurrido de 2012 ya se han contabilizado en España 140 comunicaciones de manifestaciones y/o concentraciones, cuando en los dos primeros meses de 2010 apenas fueron 65, es decir, menos de la mitad. Y ello se debe, apunta, "a que tras el cambio de gobierno hay muchos políticos irresponsables que se están sumando a la ola de protestar contra el Gobierno", añadiendo al respecto que "me da vergüenza ver a cargos y a militantes del PSOE al frente de las manifestaciones contra la reforma laboral cuando ese partido ha creado 5,3 millones de parados en el país".

En referencia a esta conflictividad laboral, el subdelegado asegura que desde su puesto no va a prohibir manifestación alguna siempre que se lleven a cabo "desde la racionalidad". "Es lógico que un trabajador proteste para cobrar su salario, pero lo que no se puede hacer es alterar el orden público, agredir a la Policía, destrozar el mobiliario urbano o incluso plantear asaltos a ayuntamientos u otras administraciones públicas, porque ello incluso puede poner en peligro vidas humanas", reflexiona al tiempo que reitera que no hubo carga policial en el altercado vivido en Jerez hace unas semanas "porque la Policía se limitó a defenderse".

Otra de sus preocupaciones se centra en el supuesto fraude de ayudas a la reindustrialización que está investigando a la Policía. A su entender, la "desvergüenza" de los implicados causa un "daño terrible a la provincia" por la imagen que se traslada de esta tierra. "Igual ahora hay quien piensa que aquí somos unos sinvergüenzas en la gestión de estas ayudas, que somos incapaces de administrar el dinero que nos llega o que le buscamos trampas a todo. Eso no es cierto y yo haré todos los esfuerzos posibles para destruir esa imagen dañina de esta provincia", sentenció.

De Torre mostró además el compromiso del Gobierno de mantener estos planes de reindustrialización y de buscar una situación uniforme que dé salidas a los ayuntamientos que más problemas de financiación presentan. También apostó por defender "hasta el final" el proyecto de Las Aletas, aunque abrió la puerta a la opción de modificarlo o de complementarlo con otras iniciativas similares en el caso de que surjan nuevos inconvenientes "porque la Bahía precisa suelo industrial y no se puede perder más tiempo".