Después de los distintos varapalos sufridos por las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Supremo dictaminó el pasado mes de junio, en base a los "defectos de forma" detectados en el trámite para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana, la anulación definitiva de dicho documento de planeamiento. Una sentencia que retrotrajo y condicionó el desarrollo urbanístico local a las Normas Subsidiarias del 87, poniendo en solfa legal los desarrollos ya iniciados y aparcando el ambicioso proyecto de regularización que, a través de las Áreas de Gestión Básica, perseguía dar soporte legal a más de 15.000 viviendas del extrarradio.

Frente a este panorama y con un horizonte, mínimo, de dos años para disponer de un nuevo PGOU, la Junta de Andalucía, al amparo del artículo 35.2 de la LOUA, otorgó a la ciudad la posibilidad de contar con unas Normas Transitorias que, sobre todo, salvaguardaran legalmente el desarrollo ya culminado o en proceso. Una fórmula que va a ser puesta en práctica por vez primera en Andalucía y que, por ello, ha despertado numerosas incertidumbres entre los propietarios, en especial los de las viviendas irregulares.

-Hablamos de un proceso novedoso en Andalucía, ¿qué pros y contras comportan la aplicación de las Normas Transitorias?

-Aspectos negativos ninguno. Eso sí, es obvio que no se trata de un Plan General y, por tanto, no estamos ante un documento que proyecte el desarrollo futuro de la ciudad, algo que recaerá sobre el PGOU que se está redactando. Hecha esta salvedad, baste con apuntar que gracias a esta fórmula vamos a contar con la tranquilidad de poder salvar el 75% del suelo con posibilidades de desarrollo o que ya se había desarrollado y que tras la caída del PGOU y con el retorno a las Normas Subsidiarias (cambios de catalogación) perdía todo su soporte legal.

- ¿A qué desarrollos se refiere?

-Es evidente que, a lo largo de estos años y al amparo del PGOU, muchas familias construyeron sus viviendas, se desarrollaron numerosas promociones y se impulsaron muchos negocios en suelo urbano. Pues bien, con la vuelta al planeamiento del 87 éstas perdían sus garantías legales, con todo lo que ello conllevaba de negativo para los inversores y propietarios. Afortunadamente, esto no va a suceder gracias a las Normas y de ello también se va a beneficiar el propio IES Huerta del Rosario o la depuradora de La Barrosa.

-¿Qué sucede con los desarrollos no culminados?

-Ese es el segundo gran bloque afectado, en positivo, por esta fórmula, ya que todos aquellos proyectos que estaban inmersos en el proceso administrativo previo a su ejecución se van a salvar. Sirva de ejemplo, en lo que de sangrante pudo suponer, el desarrollo previsto en Soto del Águila 2 . Esta actuación culminó su proceso administrativo el 22 de noviembre, justo cuando se quedó sin efecto el PGOU, y, por tanto , de no ser por las Normas su desarrollo sería ahora imposible.

-Sin lugar a dudas, el mayor número de incertidumbres y temores se proyectan en los suelos de las hasta hace poco llamadas AGB y, sobre todo, en algunas zonas que, pese a pertenecer a éstas en el PGOU, se quedan ahora fuera.

-Para empezar, hay que destacar que gracias a las Normas vamos a poder salvar más del 90% de las llamadas AGB. Esto era una preocupación vital para el Ayuntamiento y para ello se ha tenido que recurrir a la figura de 'áreas suburbanizadas' que contempla el Plan Territorial Bahía de Cádiz, ya que no existía una fórmula legal para éstas. Dicho esto, es cierto que algunas zonas han quedado fuera, pero ello no significa que en un futuro no se vayan a poder desarrollar.

-¿Cómo se plantea ahora el desarrollo de regularización en las antiguas AGB y el acceso a los servicios básicos?

-Esta puerta se va a mantener abierta, si bien es cierto que, una vez anulado el PGOU y las Ordenanzas de Regularización, el proceso será mediante la puesta en marcha de planes especiales a petición de los vecinos, que, obviamente, no van a poder contar ahora con las rebajas económicas que se contemplaban para las AGB. Asimismo, cabe destacar que hasta que no se apruebe el nuevo PGOU no se podrá establecer el canon para el pago de las conexiones a red.

-¿Qué hay de aquellas casas que quedan ahora en suelo no urbanizable y de cierta información que se les está trasladando a los vecinos sobre posibles derribos?

-Lamentablemente, hay quienes están trasladando a los afectados informaciones incorrectas y , obviamente, éstas están provocando el lógico alarmismo, por lo que, desde aquí, instó a los afectados a que se dirijan a Urbanismo para obtener una información cierta. Dicho esto, sólo cabe decir que los propietarios que se ubican en estos suelos no se tienen que preocupar más de lo que lo estaban hace un año y medio por una sanción o derribo. Es más, todas aquellas casas que tengan una antigüedad superior a 4 años no se les puede abrir un expediente y las que sean de construcción más reciente sí son susceptibles de ello, pero ello no significa que vaya a ocurrir.

-El próximo día 20 finaliza el plazo de las alegaciones a las Normas Transitorias, ¿qué número se ha elevado hasta ahora y para cuando prevén que se aprueben de una forma definitiva?

-Aunque hay un número importante, hay que destacar que muchas responden a un mismo modelo. Además, en mi opinión, no van a suponer un impedimento para que, como esperamos, la Junta apruebe las Normas a finales de marzo.

- ¿En qué fase se encuentra la redacción del nuevo PGOU?

-Afortunadamente, el documento se encuentra muy avanzado y en un plazo muy corto vamos a comenzar a reunirnos con los grupos de la oposición para darles conocimiento del mismo. Nuestra intención, como hemos venido manifestando desde el principio, es culminarlo y aprobarlo lo antes posible, mucho antes del plazo dos años que nos otorga para ello las Normas Transitorias.