Su caso lo publicó este diario en abril del pasado año. Carmen Cortina, desde Barcelona, donde reside hace años, se desplazó hasta Chiclana, a una reunión de afectados. Y puso una denuncia. Tuvo una niña en una clínica privada en Cádiz, en 1972. Estaba sola, porque su marido, marinero, estaba en la mar. Una enfermera le pidió ropa para vestir a su niña. Después, le dijeron que había muerto. En el certificado de defunción, pone que murió de insuficiencia respiratoria. Y en el papel del cementerio, que alguien pagó 75 pesetas por el enterramiento de un feto macerado en una fosa común en San José, aunque ella tenía un nicho en propiedad. Su denuncia fue enviada desde Fiscalía al Juzgado 4, y ayer fue a declarar. Por la tarde, seguía nerviosa y decepcionada. A partes iguales. Según relató, la juez restó importancia al hecho de que no le dejaran ver el cadáver "porque los médicos lo desaconsejan", así como también que en el parto no la atendiera un médico, ninguno le diera explicaciones de la muerte aunque sí uno firmó el papel. "Yo lo único que pido es que exhumen sus restos . Aunque yo lo pague pidiendo un préstamo. Que pueda morirme tranquila y no con esta pena", dijo al final entre sollozos.

Precisamente el Juzgado 4 acaba de archivar un caso de 1981, por falta de pruebas, tras denegar la exhumación.