La Diputación de Cádiz ha iniciado la revisión del Estatuto del Personal Directivo con el objetivo de eliminar los privilegios económicos que conservan los exdirectores de área de la institución a pesar de haber sido destituidos de sus cargos tras el cambio de gobierno provincial. La propuesta, presentada por el PP y respaldada con los votos favorables del partido mayoritario (16) y la abstención del resto de grupos de la Corporación (14), contempla eliminar el complemento de unos 800 euros mensuales que perciben 16 exdirectivos de Diputación que consolidaron su categoría salarial de forma automática por permanecer dos años en el cargo que ya no desempeñan.

El diputado de Función Pública y Recursos Humanos, Luis Ángel Fernández, aseguró que este recorte serviría para ahorrar 191.296 euros al año a la Corporación Provincial. La medida se aplicará si el dictamen que se elevó ayer al Consejo Consultivo de Andalucía (de la Junta) emite un dictamen favorable a la revisión del citado Estatuto del Personal Directivo.

Esta normativa fue aprobada en 2001 y revisada en 2006. Entonces se incluyó un punto: que los directivos podrán ser cesados con carácter discrecional y que, entonces, les serán asignadas funciones y adscripción a un servicio determinado "con una categoría no inferior en más de dos niveles a la del puesto que ocupaba, como complemento de destino y el mismo módulo de unidades en específico", es decir, con el nivel salarial de directivo aunque no ejerzan esa función.

Según el PP, la revisión del estatuto no se sometió entonces a la información del secretario general y se cursó sin el correspondiente informe técnico sobre su legalidad. Siguiendo la argumentación de los populares, la legislación vigente permite a los funcionarios de la institución a consolidar el complemento de destino y nunca el complemento específico. De su discurso se desprende que la modificación de 2006 fue un blindaje para estos directivos cuando llegasen tiempos de cambio. "Nuestro objetivo es restablecer la legalidad. Hay un complemento específico que se está cobrando de forma irregular", aseveró Fernández.

El PSOE denunció la "persecución política" a la que se está sometiendo a los directores que trabajaron con diputados del PSOE, algunos, a la espera de nuevas dedicaciones. El PP defendió que no hay afán de persecución en sus decisiones sino evitar que se premie con dinero público el "favoritismo político" de los socialistas.

El Pleno de ayer abordó otro asunto de carácter económico: la aprobación de una operación crediticia, ante diferentes entidades financieras, para anticipar 125 millones de euros de tributos a los ayuntamientos en 2012. La iniciativa fue aprobada con los votos favorables de PP, IU, PA y Foro Ciudadano y la abstención del PSOE, que criticó los "intereses elevados" de la operación a causa no solo del escenario económico, sino de "los malos pronósticos y las malas noticias" formulados por el nuevo gobierno provincial. Fue el punto más conflictivo de la mañana. Juan Antonio Liaño (PP) acusó a los socialistas de cometer "indecencia política" y tener "desvergüenza política", y levantó las quejas amargas de la bancada de la oposición.

La jornada también sirvió para que Belén Jarillo, la "alcaldesa" de San Martín del Tesorillo, se llevara bajo el brazo el respaldo de la Corporación (de todos los grupos salvo de Foro Ciudadano) para que la entidad local autónoma hoy dependiente de Jimena de la Frontera sea reconocida como municipio por la Junta de Andalucía.