Provincia de Cádiz

La juez imputa a Sánchez, Lebrero y Martínez por el caso del PTA de Jerez

  • También llama a declarar como imputados a otras siete personas, altos cargos municipales y responsables de las empresas beneficiadas por la concesión de supuestas ayudas ilegales a la compra de suelo del Parque

Un año después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la apertura de diligencias, tras el escrito denuncia presentado por el PSA, por las supuestas ayudas irregulares concedidas por el anterior gobierno municipal del PSOE para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez, la juez que instruye el caso ha dictado recientemente la imputación de la exalcaldesa, Pilar Sánchez; el antiguo delegado de Fomento Económico, Francisco Lebrero; y la ex delegada municipal de Medio Rural, María del Carmen Martínez, por su presunta implicación en esta causa judicial. Según ha podido saber este periódico, las citaciones para comparecer en el Juzgado -al parecer, en la primera quincena del próximo mes- también se extienden a dos altos cargos del antiguo Instituto de Promoción de la Ciudad (luego Fomento Económico) y uno de la Delegación de Medio Rural, así como a cuatro responsables de las dos empresas que se vieron favorecidas por la aminoración en el precio de los terrenos que adquirieron en el Parque jerezano.

Una de ellas, Tecnología e Innovación Sanitaria SL -renombrada Sistemas Innovación de Fluidos desde marzo de 2010, momento en el que también modificó su objeto social-, se vio favorecida por una rebaja máxima en el precio del suelo público de más de 240.000 euros (en torno al 40% del total) sin ni siquiera incluir en su objeto social actividad alguna relacionada con los criterios específicos que regían la concesión de unas ayudas destinadas a la implantación de empresas en un parque agroindustrial. Una ayuda que se dictaminó después de dos valoraciones municipales: una primera (en abril de 2007) que resultó negativa y que firmó un técnico, y una segunda (en enero de 2008) que aprobó la ayuda y que fue rubricada por un empleado municipal no cualificado. Ya el PSA, que amplió el escrito denuncia reclamando la imputación de los cargos políticos vinculados al caso, recordó que el procedimiento "ha incumplido toda la normativa estatal, autonómica y local sobre subvenciones, motivos por los que se compelió a un trabajador municipal para que firmara el segundo informe de valoración correspondiente a la citada empresa dedicada a material sanitario como consecuencia de la negativa a firmarlo de los técnicos capacitados para ello". La segunda empresa ligada a este caso es La Ibense Bornay, que a pesar de que también pudo verse favorecida por unas supuestas ayudas irregulares, al menos sí se está ante una empresa de carácter agroindustrial.

En total, en el último año ya han pasado por dependencias judiciales para declarar como testigos del 'caso PTA' nueve trabajadores del Ayuntamiento -incluidos los firmantes de las dos valoraciones- y la propia Martínez, que compareció el pasado mes de abril en los Juzgados de Tomás García Figueras. A finales del pasado año, en una sesión de control al gobierno local a instancias del PP, la alcaldesa aseguró no tener relación con la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria SL, si bien los populares preguntaron si había mantenido relaciones comerciales o de servicios profesionales, más allá de las meramente institucionales, con el presidente de la empresa, José Manuel Cordero Caro -que también ha sido llamado a declarar por la juez junto con otro representante de la empresa-, así como con la clínica de cirugía estética que también regenta", ya que el domicilio social de la clínica y de la empresa del PTA es el mismo y se localiza en Tomares (Sevilla).

Pilar Sánchez, que también está imputada dentro del denominado 'caso de los asesores' por 32 supuestas contrataciones irregulares contenidas en una querella interpuesta por Pedro Pacheco, insistió en aquel instante en no tener relación alguna con el empresario, pero rechazó ahondar más en el asunto y fue su por aquel entonces delegado de Fomento, Francisco Lebrero -ahora portavoz del PSOE en la oposición-, quien se limitó a sostener: "Dejemos que las instancias judiciales decidan lo que tengan que decidir". En todo caso, el anterior gobierno local ha venido defendiendo en todo momento la legalidad de la concesión de las ayudas.

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