MARIANO Rajoy consiguió convertir su comparecencia de ayer ante los medios, tras el encargo del Rey para que forme Gobierno, en una auténtica ceremonia de la confusión. En un ejercicio de ambigüedad retórica difícilmente superable, el candidato popular, que enseñó su peor cara, aseguró que había aceptado la propuesta del Monarca y que se pondría a trabajar para llevarla a buen puerto, pero dejó entrever que no se presentará al debate de investidura si no logra los apoyos necesarios. De nada sirvieron las preguntas insistentes de los periodistas presentes en La Moncloa: el candidato popular, que siempre ha defendido, y con razón, que un político debe ser serio y previsible, se negó, incomprensiblemente, a aclarar esta cuestión.

Sin embargo, por mucho que diga el presidente en funciones, el artículo 99.2 de la Constitución deja claro que el candidato propuesto por el Rey tras la ronda de consultas "expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara". Pocas interpretaciones tienen estas líneas. Rajoy debe de acudir al Congreso y someter su candidatura a votación. Lo contrario sería una grave deslealtad hacia el Rey y hacia la Constitución, algo que estamos convencidos de que nunca ocurrirá.

Ahora bien, más allá de esta extraña polémica que esperemos que se solucione cuanto antes, debemos decir que las palabras de Rajoy estuvieron cargadas de sentido común y pueden ser el inicio del desbloqueo de la situación política que vive España desde las elecciones del 20-D, hace ya siete meses. Rajoy identificó a las fuerzas constitucionalistas, especialmente Ciudadanos y PSOE, como sus posibles apoyos y se comprometió a presentarles un documento que haga hincapié en un Gobierno centrado en las muchas grandes cuestiones que les unen, desde la defensa de la Constitución frente al independentismo hasta la lucha contra el yihadismo, pasando por la política exterior y la de defensa.

Rajoy defendió ayer la formación de un Gobierno "moderado, estable y con apoyo parlamentario" y es obligación de todos hacer los esfuerzos necesarios para lograr que así sea. No volveremos a enumerar los graves problemas políticos y económicos a los que se enfrenta España. El acuerdo es necesario y urgente, y si los actuales líderes políticos no son capaces de alcanzarlo tendrán que plantearse muy seriamente el dar un paso atrás y dejar paso a otros que sí puedan lograrlo.