Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

José Luis López Garrido

La Isla en el mapa político del siglo XVIII

La ciudad comienza a cambiar radicalmente y se convierte en un territorio en el que se ejerce "política nacional" al centralizar el Departamento Naval y construirse el arsenal

La ciudad de San Fernando que en 2016 celebra como sabemos el doscientos cincuenta aniversario de la creación de su primer Ayuntamiento, podría cerrar esa efemérides entregando una especie de imaginario "testigo de celebraciones" a la ciudad de Cádiz que al año siguiente celebra el trescientos aniversario del traslado de la Casa de Contratación a esa ciudad, un hecho que, en todo caso, dejaría su huella en el conjunto de la Bahía y que a la larga traería, como consecuencia, la recuperación para la Corona de las poblaciones que en ella aún estaban gobernadas por sus respectivos señores.

Son las llamadas "razones de Estado", en palabras del profesor González Beltrán, es decir, razones de tipo militar y comercial tales como la necesidad de asegurar la defensa de una zona que comienza a experimentar el auge comercial derivado del traslado de la Casa de la Contratación, las que confluyen para justificar la incorporación en 1729, de la Isla -de los Ponce de León- y de El Puerto de Santa María -de los Medinaceli-, a la jurisdicción real.

No sería descabellado afirmar que estos acontecimientos comerciales y militares son, junto al auge que experimentaron sus arsenales, los que permitieron situar a la Real Isla de León en el mapa político español del siglo XVIII. Antes, la Isla parecía estar sometida a un profundo y prolongado letargo económico, social e institucional; primero, porque entre 1335 y 1490 este territorio fue un mero objeto de "concesión", pasando a ser propiedad de diversos señores (Gonzalo Díaz de Sevilla, Alfonso García de Vera y Juan Sánchez de Suazo) por donación de otros tantos monarcas (Alfonso XI, Enrique II y los tutores de Juan II), y más tarde, una vez consolidado el dominio de la Isla por el Duque de Arcos, es decir, a lo largo de los doscientos treinta y nueve años (1490-1729) que se mantuvo como propiedad de los Ponce de León, por quedar prácticamente reducida a ser lugar de esparcimiento de la incipiente burguesía comercial gaditana (los Guzmán, Soto, Estopiñán, etc., que fray Gerónimo de la Concepción sitúa en este territorio hacia fines del siglo XVII).

El escaso interés hacia la Isla por parte de sus propietarios, una vez perdido el dominio de la ciudad de Cádiz, reduce sobremanera las noticias sobre aquella en los más de dos siglos de dominio señorial, y los datos que llegan hasta nosotros se limitan si acaso a hechos y acontecimientos aislados o puntuales (obras en el puente Suazo tras el asalto inglés a Cádiz en 1596, fundación de El Carmen en 1680...).

Pero, con la llegada al trono de los Borbones y el impulso de la política naval, la Isla de León acaba por erigirse en el centro de mira de las aspiraciones ilustradas por conseguir restaurar el dominio marítimo atlántico perdido durante el siglo XVII y comienzos del XVIII, por lo que, tras el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz, y de acuerdo con la política de Patiño, deseoso de separar los puertos comercial y militar, en 1729 se incorpora la Isla de León a la Corona y de forma casi simultánea, se determina, dadas sus condiciones estratégicas convertir al islote de La Carraca en el arsenal inexpugnable que permitiese centralizar toda la labor técnica, administrativa e industrial del futuro Departamento Naval.

A partir de entonces la Real Isla de León comenzará a cambiar radicalmente su fisonomía sustentada en el prefijado destino que convertiría a la villa en un territorio sobre el que se ejerce "política nacional"; la Isla de León "se sitúa en el mapa político español" al vincularla a la Armada y a la defensa de una zona que experimenta, como reiteradamente se ha dicho, un notable desarrollo comercial. Los cambios producidos en ella, que sorprenden a viajeros como Antonio Ponz, quedan reflejados en el considerable incremento de los negocios celebrados en la villa: compra-ventas, arrendamientos, poderes, obligaciones, etc., y que tienen ahora como protagonistas a los Vidal Saavedra, Saporito, Macé, Maltés Negrón, Arriaga, Olea, Croquer, Madariaga, Mier y Terán, Viaña... gracias a los cuales la Real Isla de León fue contando con una población lo suficientemente numerosa y estable como para obtener también su propio gobierno municipal y su categoría de villa.

Ello adquirió carta de naturaleza, como ya conocemos, con el Real Despacho de Carlos III (Madrid, 11 de enero de 1766), por el que se crea Ayuntamiento en la villa de la Real Isla de León, naciendo a partir de aquí organismos administrativos y centros oficiales de importancia nacional, desarrollándose de forma efectiva como ciudad y contando desde entonces con su propia corporación municipal.

Y quizás el último episodio de esta nueva etapa de la Isla de León que permitía su integración como territorio de la Corona, pueda identificarse en el cabildo del día 13 de febrero de 1766, el tercero de los celebrados por su recién formado Ayuntamiento, y en el que se eligió a su Procurador Síndico General.

El Síndico Procurador, de elección popular, era el teórico defensor de los intereses de los vecinos, de los bienes públicos y de los privilegios de la localidad, pero terminó, en la mayor parte de los pueblos, siendo desempeñado por un regidor o por la persona que designaba el cabildo de regidores. Las ciudades conferían poderes a sus procuradores, con instrucciones concretas -de las que no se podían apartar- relativas tanto a las cuestiones que el rey había propuesto para ser tratadas en las deliberaciones de Cortes, como a las peticiones que realizaba la ciudad para que fuesen aprobadas por el monarca.

Y, en la ya villa de la Real Isla de León, Roque Correa, pregonero, publicaba el Auto del Alcalde Mayor por el que, tras dejar constancia de hallarse pendiente y sin evacuar el nombramiento de Procurador Síndico General, convocaba a cabildo, para las nueve de la mañana del día siguiente en la escribanía pública de esta villa, al común de los vecinos para que acudan y concurran los que quisieren a nombrar la persona que tengan por conveniente para el uso del oficio de Procurador Síndico General.

En consecuencia, el jueves 13 de febrero de 1766, un total de dieciséis vecinos que concurrieron a la mencionada convocatoria, nombraron todos de conformidad a Nicolás Navarro, vecino de esta villa, expresando ser "sujeto hábil y de las circunstancias y requisitos correspondientes para el uso de dicho oficio"; acto seguido el Alcalde Mayor ordenó se buscase al referido Nicolás Navarro y le previniese entrase, como entró, en este referido cabildo.

Nicolás Navarro y Aznar, vecino de esta villa de la Real Isla de León y natural de la de Trasobares (Zaragoza) en el reino de Aragón, se convertía en el interlocutor de la Isla de León ante la Corona y, en su caso, ante las Cortes; así, de alguna forma la Isla, que recién había irrumpido en la "política nacional" de la mano de la Armada, contaba también, por así decirlo, -y salvando todas las distancias que tal condición comporta hoy día-, con su "representante" ante aquellas instituciones.

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