Tribuna libre

José Eduardo Sánchez Romero / Decano Del Colegio De Procuradores De Cádiz

San Fernando, una justicia de tercera categoria

San Fernando no es un pueblo perdido en el campo o en la Sierra. Es una ciudad con casi 100.000 habitantes que jugó un importantísimo papel en la España constitucional moderna. Sin embargo, padece una administración de Justicia que podríamos calificar de tercera categoría, muy alejada de su próxima capital que goza de una Justicia de primera desde el punto de vista de su funcionamiento y eficacia.

Durante años ha padecido unas instalaciones judiciales tercermundistas absolutamente angostas y obsoletas. Afortunadamente, tras múltiples reivindicaciones desde todos los órdenes sociales, una nueva sede judicial está a punto de inaugurarse en su señera calle Real, y confiamos en que la misma ofrecerá sobradamente los medios estructurales y tecnológicos que requiere la Justicia actual.

Pero el gran problema de fondo va a continuar en esas flamantes instalaciones si no se remedia a tiempo. Con sólo tres Juzgados Mixtos (conocen de las materias Civil y Penal al propio tiempo), uno de ellos ha de atender además los procedimientos de Violencia de Género en fase de instrucción. La dotación de sus respectivas plantillas es muy inferior a la que tiene un Juzgado de Instrucción o un Juzgado de Primera Instancia en Cádiz capital, Jerez o Algeciras y, como no podría ser de otra manera, tan escasa dotación viene originando, desde hace años, un inmenso retraso en la tramitación de los asuntos, sobre todo en materia civil, que tiene como consecuencia que una demanda tarde muchos meses en ser admitida a trámite, o que un procedimiento de los denominados sumarios, es decir, rápidos, pueda tardar de tres a cuatro años en tramitarse. Obviamente, por muchas molestias y perjuicios que tales dilaciones causen a los profesionales de la Justicia, quienes realmente sufren las consecuencias son los ciudadanos de San Fernando.

Por todo ello, resulta muy necesario que las administraciones públicas, locales y provinciales, se impliquen en la tarea de lograr que se amplíen las plantillas de funcionarios existentes y que se cree un cuarto Juzgado.

La alcaldesa de la ciudad ha sido abogada en ejercicio, y el delegado de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía es vecino de San Fernando. Por tanto, conocen de sobra la problemática aquí expuesta y, entendemos, están en disposición de presionar todo lo humanamente posible para que estas reivindicaciones se hagan realidad.

San Fernando, antigua Isla de León, ciudad hermana de Cádiz, se lo merece con creces.

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