LOS portuenses debemos estar informados. Hace casi un año, en este mismo espacio alerté de las presuntas irregularidades en el acuerdo de adjudicación del concurso privado para contratar el diseño y la construcción llave en mano y la financiación de dos aparcamientos subterráneos. Y lo hice, tras analizar -como jurista- la documentación que recibí y estudié.

En aquellos artículos defendía que a la hora de aprobar una actuación de tal envergadura, debiéramos conocer su gestión. No tiene sentido que las normas que nos dimos todos nos las saltemos a la torera con argumentos tan manoseados como: "hacen falta"; "crearán muchos puestos de trabajo"; o "no nos cuesta dinero". La Ley de Contratos del Sector Público dispone que los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.

Es aconsejable poner en solfa el procedimiento administrativo utilizado y me parece acertado el encargo de un informe jurídico que ponga algo de luz a todo este enturbiado asunto.

En el olvidó quedaron cuestiones de importancia, que supondrían la nulidad de todo el procedimiento administrativo. Sigo creyendo que las grabaciones entre un ingeniero de la sociedad y el gerente son suficiente prueba para un juez. Son tan graves las manifestaciones recogidas en las cintas, tan soez el tratamiento que se dio en la charla entre ambos y tan engorrosa la posterior adjudicación, a decir de los recursos presentados, que no cabe otra que poner en conocimiento de los juzgados (no de la fiscalía), la publicación del pliego de condiciones de las obras en el Diario de la Comunidad Europea, las actas de la calificación y valoración técnica y económica de las propuestas y por supuesto las cintas y el posterior despido e indemnización del ingeniero.

Defendía entonces y lo hago ahora que un estudiante de primer curso de derecho encontraría materia suficiente para redactar una denuncia y si me apuran una querella, ante el juzgado de guardia. Sobre todo cuando está en juego una inversión millonaria donde los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad de trato de los licitadores deben prevalecer. Actuemos en consecuencia. Estamos a tiempo.