DE los tres ex presidentes del Gobierno, el único que con alguna frecuencia rinde servicios al Estado y lo hace con argumentos y contundencia es Felipe González. De José Luis Rodríguez Zapatero lo único que cabe decir a estas alturas es que mejor está callado tras sus penosos últimos años de mandato; hay que agradecerle el plano discreto adoptado, aunque algún dolor de cabeza ha proporcionado a los dirigentes de su partido. José María Aznar, por su parte, se ha dedicado en los últimos años a lanzar algún que otro exabrupto, a intentar, con más voluntad que acierto, moverle el sillón a Mariano Rajoy y a enredar en la complicada situación interna de su partido. González ha hecho su última aportación en forma de epístola a los catalanes. Una vez más, sabe ponerse en estadista y sitúa la cuestión donde de verdad está: un desafío al Estado de Derecho y a las leyes, que de llevarse a cabo perjudicaría tanto a los catalanes como al resto de los españoles. Un proceso, en definitiva, que encierra una deriva totalitaria y contra el que hay que unir fuerzas por encima de intereses partidistas.

Sorprende, si es que a estas alturas cabe todavía la sorpresa en la política española, que apenas un par de días después de que se conociese el manifiesto de González, el Partido Popular presentase de la forma en que lo hizo una reforma exprés del Tribunal Constitucional para poner a Artur Mas en el punto de mira de una posible inhabilitación. Ante el desafío, es normal que el Estado se fortalezca y se defienda con todas las medidas legales a su alcance. Pero Rajoy no podría haberlo hecho de peor forma: convirtiendo el órdago catalán en una mera cuestión electoral, soslayando cualquier intento de consenso con otras fuerzas políticas y haciéndolo además como acto de partido y no de Gobierno.

Nada puede hacerle más daño al Estado en estos momentos que meter a Cataluña en el regateo continuo de la política e intentar arañar votos con ello. El desafío del insensato de Artur Mas es peligroso por muchas razones, entre las cuales no es la menor el que los dos partidos que han articulado la España constitucional caminen en esa comunidad, por sus muchos errores, hacia la irrelevancia. Posiblemente la amenaza soberanista sea una de las últimas oportunidades para que PP y PSOE lancen un mensaje claro a los muchos catalanes que se niegan a dejar de ser españoles. La carta de González está llena de argumentos para que el Estado haga fuerza en el debate catalán. Desaprovecharla como hace el PP es otro tiro en el pie que se pega Rajoy.