ES tan difícil que políticos o comentaristas interpreten los deseos de la mayoría de los españoles? ¿Es tan complicado entender que un porcentaje muy amplio de ciudadanos quiere que se respeten los servicios públicos? ¿O que les dejen tomar su cervecita con los amigos y disfrutar de unas vacaciones en verano? Desgraciadamente sí. Las sopas de siglas no permiten otear la explotación salvaje que degrada la dignidad de las personas y somete al país a un daño difícilmente cuantificable. Las desigualdades se acentúan, mientras uno de cada tres menores de 16 años vive bajo el umbral de la pobreza. Si la noche electoral se caracterizó por algo fue por confundir las expectativas con los hechos y la realidad con sonrisas blanqueadas. Unos tenían preparado el discurso del fin del bipartidismo. Otros el de una victoria a los puntos. Algunos el relanzamiento del proceso separatista. La mayoría, si exceptuamos algunas candidaturas muy personalistas, salieron sonrientes a justificar una derrota.

Muchos se apresuraron a declarar la muerte del bipartidismo. Esta afirmación es discutible. Podemos o Ciudadanos, en términos generales, no han superado a un PP-PSOE en horas bajas. Es verdad que han emergido grupos que actuarán como bisagras en municipios o comunidades autónomas. No obstante, ese papel secundario puede ser más una condena que una bendición en unas elecciones en varios actos, cuyo resultado final no conoceremos hasta el próximo otoño. El PP creyó que un discurso centrado en una falsa recuperación, sustentada en un crecimiento de trabajos mal pagados, salvaría un par de comunidades y ciudades señeras. Con eso y el primer lugar en porcentaje de votos se podría tirar unos meses más. Los nacionalistas se confiaron a la adolescente táctica de culpar al Estado de su ineficiencia y delitos. Puede que en zonas rurales esta estrategia plañidera les sirva; en las ciudades es obvio que no.

El espectro que recorre Europa gracias a los ex Lehman o pro Goldman no es el bipartidismo, sino el turnismo. La factura de una política prediseñada desde Bruselas por empleados antiguos o futuros -lo mismo da- de los poderes financieros convierten a los gobiernos en los paganos de la situación y a las comunidades autónomas, con competencias en servicios sociales, en víctimas propiciatorias. Hace poco más de tres años le tocó a ZP; ahora a Rajoy. Un péndulo que va de un extremo a otro liquidando a cuantos se cruzan y, de paso, al propio proyecto europeo. Castigar las cuentas en Suiza o Andorra no deja de ser un factor secundario o derivado. Lo que de verdad preocupa a la inmensa mayoría de los contribuyentes es que se regale la sanidad a los amigos; que cuando uno se pone enfermo todo sean inconvenientes, ya seas de la Seguridad Social o de Muface. Que los seguros privados incrementen su negocio, mientras menguan las pensiones y se degrada dolosamente la educación pública. Lo que realmente molesta es trabajar como autónomo sin serlo o cobrar un sueldo mísero porque si no te interesa allí está la puerta. Una legislación hecha al servicio de un nuevo ciclo de acumulación salvaje, financiada por los trabajadores, destruye la cohesión social de cualquier país. Esto es realmente lo que está enfadando al personal y atizando el péndulo. Pero hay más.

A algunos alcaldes del PP les ha sucedido lo mismo que a sus homólogos del PSOE. No se pueden pasar décadas en política y pensar que te terminarán amortajando con el bastón de mando en una mano y la Visa en la otra. Los alcaldes populares que sustituyeron a los del PSOE no aprendieron nada. Se pensaron inmortales e indemnes al paso del tiempo. Lo mismo ha sucedido con el poder autonómico. La gente se cansa de ver siempre a los mismos en el telediario. Cuando la situación está bien, puede tener un pase. Cuando hay que ir al comedor de Caritas, la cosa cambia.

No somos tan imbéciles como una mayoría de políticos y grandes empresarios creen. A pesar de los denodados esfuerzos del duopolio televisivo, aún hay vida inteligente en el metro o autobús urbano que llevan a aprendices de 30 años a su empleo. Los ciudadanos observan cómo los políticos que acaban de despedir pasarán, en unos meses, a ser contratados por las mismas empresas de energía o telecomunicaciones que antaño eran públicas y hoy son emporios privados dedicados a desvalijarlos. Saben que volverán a su puesto en entidades privadas beneficiadas por legislaciones laxas que ellos mismos aprobaron. Quizá una mañana el ciudadano que asiste a este latrocinio se levante de la cama pensando que esto está muy lejos de ser un gobierno representativo. Cuidado. Ese día hará falta algo más que una noche electoral que remate una "feliz fiesta de la democracia".