UNO de los grandes pilares de un Estado democrático y avanzado es que la prestación de los servicios públicos, como impartir la Justicia, sea adecuada y que exista la máxima garantía de que todas las personas pueden acceder a ellos en condiciones de igualdad.

También debe ser un objetivo de las actuaciones públicas de las instituciones, además de los beneficios que proporcionan a la ciudadanía, trabajar para consolidar una sociedad mejor, responsable y madura.

Precisamente los aspectos anteriores los cumple a la perfección la mediación judicial, una herramienta que cohabita sin conflicto con la Administración de Justicia al uso; un mecanismo complementario de los juzgados y tribunales que puede ser un aliado inestimable y estratégico para la mejora de nuestro sistema judicial en el futuro, especialmente por la rebaja que puede suponer en la extraordinaria carga de trabajo que soporta el sistema.

La importancia de la mediación radica en que su uso supone sin género de dudas una mejora extraordinaria en la pacificación de la vida ciudadana y en la racionalización de los servicios de Justicia. Se trata, en definitiva, de otra forma de hacer Justicia a través de la palabra y el entendimiento con el principal compromiso de lograr un enriquecimiento mutuo para las partes en litigo que son las encargadas de construir y elaborar la solución a su conflicto.

La práctica de la mediación implica directamente al ciudadano afectado. Y ésa es una de sus principales virtudes, ya que eso no solo ayuda a descargar a los tribunales de asuntos que podrían fácilmente ser resueltos sin la necesidad de acudir a ellos sino que, sobre todo, contribuye a potenciar en nuestra sociedad un cambio de conducta más cívico.

Es, como decía, una forma más satisfactoria de hacer justicia y supone avanzar en la construcción de una sociedad más madura y con más calidad en su convivencia. Eso sin olvidar que el hecho de reemplazar el pleito ordinario por el acuerdo entre las partes supone generar una salida mucho más ágil y rápida que un proceso judicial, y sus costes son además mucho más reducidos. Lo que no está de más después de los efectos negativos que han acarreado las tasas judiciales impuestas por el Gobierno central.

Todo a lo anterior evidencia por qué desde el Gobierno andaluz estamos comprometidos con las mejoras y beneficios que la mediación puede aportar a la sociedad andaluza, y por qué estamos empeñados en su difusión y extensión a todos los campos posibles.

Para conseguir instalar esta cultura en la sociedad andaluza de manera real y efectiva, necesitamos aunar esfuerzos y contar con la implicación de otras administraciones, entidades y organismos.

En ese propósito trabajamos desde la Fundación Pública Mediara con numerosas iniciativas encaminadas a propagar la cultura de la mediación, como la reciente firma del nuevo Código de Conducta -que se presentó coincidiendo con la celebración el pasado día 21 de enero del Día Europeo de la Mediación-, que recoge los principios rectores para un adecuado ejercicio de esta actividad y que han suscrito un total de 40 colectivos, colegios y entidades.

No en vano, en el acto que tuvo lugar esta misma semana en el Parlamento andaluz para celebrar el Día de la Mediación se puso de relieve el convencimiento de la Consejería de Justicia e Interior de que el impulso de los procesos mediadores para la resolución de conflictos judiciales permitirán que, a medio plazo, este programa asuma en torno al 30% de los litigios en la jurisdicción civil y mercantil en Andalucía.

Por todo ello, la apuesta de la Junta de Andalucía por la mediación es inequívoca. Y hay ejemplos como los casi mil profesionales del ámbito judicial, social, educativo y municipal que han participado el año pasado en ciclos formativos sobre mediación.

O el hecho de que la experiencia mediadora ya se desarrolla en los ámbitos de lo penal, de la justicia juvenil, laboral, empresarial y consumo, así como en el de los conflictos familiares y vecinales, con unos resultados en general muy satisfactorios que van mucho más allá de la rebaja de la tasa de litigiosidad.

Tampoco nos hemos quedado atrás en la provincia de Cádiz, donde la mediación se aplica en dos ámbitos principales: en lo penal para adultos y en la justicia juvenil. De hecho, en la actualidad ya se han incorporado a esta actuación todos los juzgados de lo Penal de Cádiz y la Sección Tercera de la Audiencia. Y en el caso de la justicia juvenil, Cádiz es desde hace años la provincia líder por el número de casos en los que se aplica.

Los resultados nos dan la razón, porque como nos trasladan los organismos que colaboran con nosotros en esta apuesta, en la mitad de los casos en los que han mediado se ha conseguido un acuerdo. Lo que es especialmente satisfactorio en el caso de la justicia juvenil, un ámbito en el que resulta prioritario que los menores entiendan el daño cometido y puedan reconducir sus acciones.

Son razones sobradas que justifican que sigamos trabajando por ampliar la cultura de la mediación entre la ciudadanía. Atravesamos momentos muy difíciles en los que urgen los compromisos y las soluciones, y en los que se espera de los responsables públicos el hallazgo de nuevos caminos que permitan seguir adelante en la gestión eficaz de los servicios que se prestan.

Estamos obligados a potenciar, respaldar y financiar estas alternativas para que los ciudadanos encuentren una solución a sus problemas.