El Alambique

Juan Clavero

La gran estafa (III)

ASEGURA un señor -máximo responsable en Cádiz del partido que gobierna en España-, que las actuaciones judiciales que se han iniciado en El Puerto contra los directivos de Apemsa lo son por problemas administrativos, nada que ver con la corrupción. Más aún, a uno de los denunciados lo nombran candidato a la alcaldía en las próximas elecciones.

 

Si tenemos en cuenta que la Fiscalía ha denunciado al ex alcalde y ex presidente de Apemsa, al consejero delegado, al ex director gerente y a los consejeros -entre los que se encuentra el actual alcalde- que votaron a favor de contratar directamente a la empresa  Aqualia-FCC obras y prórrogas de contratos por 32 millones de euros sin concurso público alguno, no se entiende -o sí- que el presidente provincial del PP asegure que no han hecho nada ilegal. Si, además, la Fiscalía y el juez los acusa de delitos tan graves como la prevaricación y la posible malversación de caudales públicos -o sea, de nuestro dinero-, lo del sr. Sanz es de traca. Más de lo mismo. La consigna sigue siendo defender a sus imputados por corrupción y, si la cosa sigue adelante, dentro de unos años se dan de baja en el PP y dirán que el partido no es responsable de nada. Pero algo les falla: no somos tontos.

 

Los que tanto invocan el buen uso de los caudales públicos, intentan por todos los medios encubrir y amparar a los que nos desfalcan millones de euros; denuncian la corrupción ajena, pero intentan justificar la propia.  

 

En Apemsa llevan años pagando a Aqualia-FCC millones de euros por unos servicios que no cumple. Facturan más aguas tratadas en la EDAR Las Galeras de las reales y, además, incumplen de forma generalizada y reiterada los parámetros legales de depuración y el propio contrato con Apemsa. Son muchos millones de euros que deberían tener mejor destino. Para colmo, no han justificado los más de tres millones de euros que les ha cedido la Junta del canon de mejora autonómico que nos cobran en el recibo. Estamos pagando de forma injustificada millones de euros a una empresa que -según el juez Ruz- financia ilegalmente al PP. ¿Y qué está haciendo Candón ante este gigantesco fraude? Nada. Confía en no tener que declarar en el juzgado antes de las elecciones, amparándose vergonzosamente en su armadura de diputado. 

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