ANTE la hipertrofia e inflación que la Administración ha venido sufriendo estos últimos tiempos por la creación de órganos paralelos que, de ninguna manera, han elevado la calidad de los servicios a los ciudadanos, quiero mostrar un ejemplo ilustrativo desde mi humilde condición de inspector de educación desde hace más de treinta años y, ahora, en la situación de jubilado.

El cuerpo de Inspectores de Educación asumía hasta la llegada de la Administración educativa socialista las funciones y competencias que en la actualidad ejercen los Servicios de Ordenación Educativa y de Planificación y Escolarización. Pierde una serie de funciones que, en mayor o menor grado, venía desarrollando.

Ante este hecho cualquiera podría pensar que sin estas obligaciones que, en algunos casos, eran estrictamente de gestión, aunque no todas, la inspección podría desempeñar con mayor eficacia las funciones de supervisión, evaluación y asesoramiento que le eran más propia a un cuerpo docente técnico-superior. No, no ocurre así. Se crea un nuevo órgano, la Agencia de Evaluación, con las funciones de evaluación y asesoramiento que habían quedado, en principio, reservadas para la inspección educativa. Esta Agencia de Evaluación es un órgano estrictamente político para controlar los resultados de las evaluaciones que se realicen. Se da la circunstancia de que sus componentes son fundamentalmente inspectores detraídos de la plantilla del cuerpo de inspectores pero con nombramientos discrecionales, nombramientos de libre designación para así poder efectuar el correspondiente control político de sus funciones.

Está claro que lo que ellos puedan realizar lo podría haber hecho la inspección educativa. No hace falta ser muy perspicaz para hacerse cargo de esta situación. La inspección educativa se ve, sin embargo, recargada con un enorme trabajo burocrático y de trámite sin ninguna incidencia en la calidad de los centros educativos y prácticamente sujeta a los dictados que, en tareas auxiliares/burocráticas, le comanda la citada Agencia de Evaluación. A más papeles, más inspectores. Y digo más inspectores/as, pues a título de ejemplo la plantilla de la provincia de Sevilla compuesta por aproximadamente veinte inspectores ha pasado a tener sobre sesenta y… sigue creciendo.

Como síntesis, la labor que venía realizando una plantilla de aproximadamente veinte inspectores se ha multiplicado por diez, para acoger a los más de doscientos funcionarios que se dedican a realizar las funciones que antes eran de exclusiva competencia de la inspección educativa. Qué duda cabe de que han aumentado los centros y servicios educativos pero, obviamente, no por diez. Lo que es manifiesto es que este aumento irracional y desenfrenado obedece a la filosofía que el gobierno socialista ha impreso en toda la administración: el generar una administración paralela, no profesional, obediente al dictado de los órganos políticos.

Al mismo tiempo la cantidad de cargos discrecionales (cargos a dedos y no por méritos ni capacidad) es lo bastante obediente a las consignas que vienen recibiendo. No hace falta decir que todos estos responsables," irresponsables profesionales", pertenecen a la cuerda de los favorecidos por el régimen. Su único mérito es la adscripción interesada, no ideológica a un pesebre bastante "generoso".

Qué duda cabe de que lo que describo es una muestra más de una manera de gobernar propia de políticos irresponsables y de advenedizos que no practican ni han practicado nunca la ideología que dicen defender. La educación, que ha sido una de sus banderas, es el sector que en Andalucía ha sufrido mayor maltrato. No por casualidad nuestra comunidad ocupa el furgón de cola de la Comunidad Europea y de la misma España.

Para finalizar dejo una pregunta abierta: ¿Ha mejorado la asistencia educativa de los centros y, por ende, la calidad educativa con este disparatado aumento de funcionarios? La burocracia genera más burocracia y los centros se sienten fagocitados por este monstruo que se reproduce a sí mismo. No me cabe la menor duda de que los más acreditados para responder a la pregunta sobre si el sistema se ha visto mejorado desde el ámbito de la calidad educativa son los directivos de los centros educativos y el profesorado en general, que son los receptores más directos de estos servicios. Que ellos respondan. La respuesta, no obstante, es fácil de adivinar.