LA juez Mercedes Alaya, cuya instrucción del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía se encuentra pendiente de la decisión del Tribunal Supremo por la presencia de aforados en el sumario, ha intensificado su labor instructora en el otro escándalo que investiga, el de los fondos públicos para cursos de formación de trabajadores repartidos presuntamente de modo irregular en beneficio de empresas privadas. La juez cree haber encontrado un testigo clave para desvelar judicialmente el escándalo en el funcionario Teodoro Montes, que ha sido jefe del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional adscrito a la Consejería de Empleo, al que ha interrogado durante siete sesiones y un total de 31 horas. Montes ha denunciado numerosas y graves irregularidades en la gestión de dichos cursos y ha acusado a diversas entidades y organizaciones subvencionadas para ejecutar los mismos. Dos de ellas, el sindicato Comisiones Obreras y la Fundación Pública Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), han anunciado su intención de querellarse contra el funcionario por considerarse calumniadas, ya que el testigo no ha aportado pruebas de sus acusaciones de inusitada gravedad, como el supuesto cobro de comisiones ilegales por subcontratar los cursos o la realización de malos tratos de alumnos discapacitados. A estas demandas anunciadas ha venido a replicar la instructora con una advertencia ciertamente desmedida: no va a consentir que el testigo sea presionado o coaccionado y las entidades querellantes pueden ser denunciadas por ella misma por obstruir la acción de la Justicia. A este aviso se ha sumado la Fiscalía Anticorrupción solicitando que Teodoro Montes y su familia sean favorecidos por la aplicación de la Ley de Protección de Testigos y Peritos a fin de garantizar su integridad. Creemos que juez y fiscal pretenden ofrecer a Montes un blindaje jurídico innecesario e ilógico. El funcionario devenido en testigo clave, aunque sin pruebas, no puede sentirse amenazado ni coaccionado de ninguna manera, puesto que Faisem y CCOO no han hecho más que ejercer su derecho a defenderse acudiendo a los mecanismos legales al alcance de cualquier ciudadano que se considere, con razón o sin ella, víctima de un falso testimonio. Salvo que puedan presentarse pruebas de amenazas concretas y peligrosas para Teodoro Montes, el pretendido blindaje no debe producirse. Sería erróneo privar de sus derechos elementales a dos colectivos, que ni siquiera han sido imputados, por reforzar los derechos de un testigo que, por ahora, no han sido vulnerados.